Las repercusiones del hallazgo de $145 millones en efectivo dentro del vehículo de un escolta Luis Anfredo Acuña, del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, han abierto una serie de interrogantes sobre la posible existencia de una red de compra de votos en La Guajira.
La incautación, que también incluyó publicidad electoral de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador, involucra a figuras políticas locales y ha generado cuestionamientos públicos sobre la transparencia en la financiación de campañas.
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El operativo policial se realizó en la vía que conecta el sector de Distracción con Cuestecitas. Según las autoridades, Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), viajaba en un carro particular acompañado de otra persona.
En el interior del vehículo, la Policía encontró siete sobres con dinero en efectivo, cada uno con aproximadamente $20.7 millones de pesos, y todos ellos etiquetados con nombres propios.
En los sobres que estan en manos de las autoridades figuran los nombres de concejales de Riohacha como Kevin Cantillo, perteneciente al Partido de La U, hombre que rechazó cualquier vínculo con el caso, Christian Bermúdez, de la coalición Cambio Radical y Colombia Renaciente, quien negó conocer a los demás implicados, y Gandhi Romero Epinayú, del Partido Liberal, que aseguró desconocer la razón de la aparición de su nombre en los sobres y aclaró: “En La Guajira hay muchos ‘Gandhis’, incluso tengo un sobrino que se llama igual”, información que entregó El Colombiano.
De igual manera, se mencionó a Rosa Pacheco, diputada y expresidenta de la Asamblea Departamental, Dixon Dibulla, Disneyis Dibulla y un hombre identificado como Benni, que aseguran corresponde a Venis Enrique Villa Fuenmayor.
Según información revelada por La FM, tras hallar sus nombres en los sobres, algunos funcionarios mencionados han fijado su posición.
Edwin Solano, actual secretario de Turismo de Maicao, señaló que prepara acciones legales por los señalamientos que ha recibido: “Hoy tendremos una reunión para iniciar acciones por el señalamiento de algunos medios y personajes. Luego de eso hablaré antes de interponer las respectivas acciones no quisiera desgastarme en explicaciones”, afirmó.
Kevin Cantillo, concejal de Riohacha, manifestó no tener información sobre el motivo por el cual su nombre está en esos sobres: “No estoy dando ningún tipo de declaraciones, porque a la final no conozco la información con claridad. No podría yo dar una declaración con base a que no tengo información corroborada, para mí es algo que desconozco”.
Por su parte, Ghandy Romero Epinayú, edil de Riohacha, declaró: “No tengo información del tema. Las autoridades deben tener mayor información, ellos fueron los que hicieron el procedimiento”.
El resto de las personas identificadas por las autoridades en los sobres no respondió a los intentos de contacto hechos por el medio de comunicación. La procedencia del dinero y el propósito de los nombres aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.
Sanciones por delitos electorales en Colombia
La imposición de sanciones por delitos electorales en Colombia ha cobrado fuerza tras la entrada en vigencia de la Ley 1864 de 2017, que endureció las consecuencias legales para quienes vulneren la integridad de los procesos democráticos.
En el centro de la normativa se encuentran acciones como la perturbación de elecciones, la presión sobre votantes y la manipulación fraudulenta de votos, todas ellas consideradas amenazas directas contra la transparencia electoral.
Las autoridades colombianas han identificado una variedad de conductas sancionadas en el marco de esta legislación: destacan la perturbación del proceso electoral, el constreñimiento al sufragante, el fraude electoral, la compra y venta de votos y la financiación ilícita de campañas. Estas prácticas afectan de manera directa la legitimidad de los resultados y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones.
El Código Penal, reforzado por la Ley 1864, establece que quienes manipulen el desarrollo de las elecciones pueden enfrentar penas de prisión que van de cuatro a nueve años, además de multas económicas que oscilan entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la alteración del proceso incluye el uso de la violencia, la sanción puede elevarse hasta los 12 años de cárcel.