La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que aspira al Congreso de la República para el siguiente cuatrienio, presentó un proyecto de ley con el que se busca enfrentar el hostigamiento judicial que sufren los periodistas. La iniciativa fue presentada en conjunto con la organización El Veinte, una “red de acceso a la justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales”.
De acuerdo con la abogada Ana Bejarano, codirectora de El Veinte, la propuesta (ley anti-cepo) pretende, entre otras cosas, detectar y sancionar el acoso litigoso contra la prensa. Para ello, la iniciativa plantea hacer cambios en la legislación procesal –siguiendo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, con el fin de brindar herramientas a los jueces, para que puedan argumentar, identificar y sancionar ese hostigamiento.
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“El acoso litigioso contra la libertad de expresión es una violación también del derecho de la comunidad de informarse de estos temas que algunos buscan silenciar. Además, abusa de un sistema de justicia congestionado, sin recursos y con necesidades apremiantes para resolver otros conflictos”, precisó Bejarano en una rueda de prensa.
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La codirectora de la organización indicó que, aunque todas las personas tienen derecho a acceder a la defensa de su honra y del buen nombre en situaciones en las que son víctimas de falsedades o inexactitudes, lo cierto es que en algunas ocasiones se utilizan esos derechos como excusa para silenciar e intimidar a los periodistas ya los medios de comunicación.
Esto constituye un “abuso del Derecho”. En consecuencia, el proyecto de ley presenta herramientas procesales concretas para proteger a quienes son blanco de acoso judicial. “Se incluye una definición de este fenómeno en la ley. No se limitará el derecho a acceder a la justicia, pero cuando se haga con fines de silenciamiento, los jueces tendrán mejores elementos para determinarlo”, precisó.
Este tipo de leyes, según detalló la codirectora de El veinte, han tenido resultados positivos en otras partes del mundo, contribuyendo significativamente a la lucha contra el hostigamiento de periodistas. Por ejemplo, en el mundo anglosajón impulsaron leyes anti-slapp (Pleito Estratégico contra la Participación Pública), y la Unión Europea lo replicó en su legislación.
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“Nosotros llegamos a un nombre más propio de nuestro contexto: ley anti-cepo, ley en contra de los casos de enmudecimiento de la prensa y la opinión público”, detalló.
Esta no es la primera vez que en Colombia se promueve una iniciativa orientada a frenar el uso del sistema judicial para silenciar a la prensa. En noviembre de 2021, fue aprobada la Ley Anti-Slapp en el Congreso de la República, con la cual se buscaba “modificar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) para garantizar el libre ejercicio de los derechos de libertad de expresión, información y asociación”, según informó en su momento el Senado en un comunicado.
Periodistas: blanco de agresiones y amenazas
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), los periodistas en Colombia no solo se enfrentan al hostigamiento judicial; también están expuestos a otros tipos de violencia que, incluso, han derivado en su exilio.
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En 2025, la organización documentó 469 agresiones contra 305 periodistas, con “impactos más severos y persistentes” en sus vidas. Además, hubo 192 casos de amenazas y más de 100 comunicadores fueron víctimas de estos hechos en 29 de los 32 departamentos del país.
“Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas: 14 periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente dentro del país para proteger sus vidas, y otros siete tuvieron que exiliarse en busca de seguridad. El silencio, una vez más, fue el costo impuesto a quienes intentaron informar”, precisó la Flip en un comunicado emitido en febrero de 2026.