La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al Partido Verde, alertó sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados de la Rama Judicial de Colombia.
A través de sus redes sociales, la congresista denunció que el concurso de méritos, que comenzó hace casi ocho años, estaría marcado por una serie de anomalías que afectan tanto a los procesos administrativos como al propio sistema judicial.
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En su cuenta de X, la legisladora compartió los detalles de lo que considera un “enredo judicial” que involucra contrataciones irregulares, el uso no autorizado de material académico y la falta de transparencia en la ejecución del curso de formación judicial, una etapa clave en el concurso.
El concurso de méritos, que comenzó en 2018, tenía como objetivo seleccionar a los mejores abogados para ocupar los cargos judiciales más importantes del país.
Con más de 45.000 inscripciones y solo 3.700 personas aprobadas en la prueba de conocimientos, la siguiente fase del proceso fue el IX Curso de Formación Judicial, que debía ser gestionado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; sin embargo, según Juvinao, este curso fue tercerizado de manera irregular, lo que comenzó a generar dudas sobre la transparencia del proceso.
La empresa encargada del curso fue la Unión Temporal Formación Judicial 2018, conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) y la empresa E.Distribution.
Según la denuncia de Juvinao, la Uptc no cumplió con las funciones que la ley le asignaba. La propia universidad confirmó que no diseñó el curso, no realizó las evaluaciones ni analizó los resultados: “Estuvo en el papel, pero no en la ejecución”.
Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia de Juvinao tiene que ver con el manejo del contrato. Y es que el documento inicial fue firmado por un valor de $14.612 millones, pero terminó costando $24.324 millones, lo que significa un aumento de casi $10.000 millones.
Además, el contrato sufrió más de 13 modificaciones, incluidas prórrogas y adiciones, sin que el concurso llegara a su fin. “Un contrato que se encareció casi 10 mil millones y que a hoy está finalizado, mientras el concurso sigue sin concluir (sic)”, señaló la congresista, evidenciando la falta de conclusión del proceso a pesar de los recursos invertidos.
Juvinao también hizo énfasis en una grave irregularidad: la subcontratación de los servicios sin la debida autorización. A pesar de que el contrato original prohibía subcontratar sin autorización expresa, la empresa E-Training firmó acuerdos por más de $18.000 millones, sin que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla fuera notificada de dichas subcontrataciones.
En respuesta a un derecho de petición, la escuela confirmó que nunca fue informada de estos acuerdos, lo que implica un incumplimiento de las cláusulas contractuales, compartió en su hilo de X.
“Se ejecutaron acuerdos millonarios sin la notificación formal exigida por el propio contrato, configurándose un incumplimiento contractual”, explicó Juvinao en su denuncia.
Uso no autorizado de materiales académicos
La congresista destacó lo grave de esta situación: “No se puede exigir a futuros jueces respeto por la ley, si el proceso que los forma genera dudas sobre su propio cumplimiento”.
Juvinao criticó las condiciones en las que se llevó a cabo el curso de formación. De acuerdo con la ley, el curso debía ser tanto presencial como virtual, con interacción entre los estudiantes y los docentes y evaluaciones por módulo. No obstante, según la denuncia, la realidad fue otra.
“No hubo presencialidad, las clases fueron pregrabadas, no hubo evaluaciones por módulo, las jornadas eran de hasta 16 horas y la plataforma utilizada presentó constantes fallas”, explicó la congresista.
A pesar de que ya se inició la Convocatoria 28, la Convocatoria 27 sigue sin concluir, lo que provocó una crisis de provisionalidad en el sistema judicial colombiano. Juvinao advirtió que el 63% de los jueces y magistrados del país siguen en provisionalidad, ocupando cargos temporales con salarios que oscilan entre 18 y 42 millones de pesos mensuales.
“Hoy la expectativa real es de 2.351 elegibles para más de 3.000 vacantes. De ellos, solo podrían posesionarse 1.816 y quedarían en el aire 1.224 cargos”, explicó Juvinao, al alertar sobre la falta de recursos humanos fijos en el sistema judicial.
En sus publicaciones, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación que inicien una investigación para esclarecer las irregularidades denunciadas. Además, pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que ejerza su control sobre el caso.
“Porque aquí no hablamos solo de plata. Hablamos de quién decide quién puede ser juez en Colombia. Cuando el clientelismo captura las instituciones, lo que queda en juego es la libertad, la vida y el patrimonio de los colombianos”, concluyó Juvinao en su denuncia en su hilo de X.