Al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos contra la base militar de San Lucas, situada en la zona rural de Montecristo, en el sur de Bolívar.
El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó que el atentado sería responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que atribuyó un “intento desesperado por frenar el avance de estas tropas”.
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El general López Barreto detalló que la evacuación de los heridos se realizó con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.
“ (...) con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, sostuvo el alto oficial.
Las autoridades militares aseguraron que la ofensiva contra el ELN se mantendrá para recuperar el control total del territorio y neutralizar sus acciones delictivas. “No permitiremos que acciones terroristas alteren nuestra misión. Seguiremos avanzando con determinación hasta neutralizar estas amenazas y consolidar el control territorial”, enfatizó López Barreto en sus redes sociales.
Entre tanto, en el comunicado institucional, se enfatizó: “Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”.
El ataque se produce seis días después de que el ELN anunciara un cese unilateral del fuego, previsto para coincidir con las elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo.
“Durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, dijo el grupo ilegal en su misiva.
En el comunicado, el grupo insurgente sostuvo que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, describiendo el contexto como una “crisis profunda” no atendida por los que han gobernado, y advirtió que las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.
Gobierno tomó decisiones y reforzará estrategia de seguridad en el sur de Bolívar
El Ministerio de Defensa puso en marcha una nueva fase de su estrategia de seguridad en el sur de Bolívar, con el anuncio de medidas que implican el aumento del pie de fuerza, mejoras en la infraestructura y la reactivación de recompensas para capturar a cabecillas de estructuras armadas ilegales.
El ministro Pedro Sánchez Suárez, tras encabezar una reunión en la región junto a la Cúpula Militar, confirmó la llegada de más efectivos y el fortalecimiento de la presencia policial.
En el encuentro, se comunicó la asignación de cuatro tenientes coroneles para reforzar distritos estratégicos, así como la posible construcción de bases en Magangué y Lobas y el mejoramiento de la estación de Policía en Montecristo. Además, se acordó la instalación de mesas técnicas para garantizar la seguridad de los alcaldes locales y avanzar en la formalización de más de 1.400 mineros.
El refuerzo operacional iniciará con el arribo de 300 soldados del Ejército Nacional, a los que se sumarán otros 300 uniformados en abril. Estos efectivos serán desplegados en puntos definidos para participar en operativos contra el clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá y el ELN.
La Policía Nacional también incrementará su personal con 50 uniformados adicionales durante el primer semestre, y desplegará un componente del Grupo de Operaciones Especiales en Simití y municipios cercanos, con el objetivo de ampliar el control territorial.
En paralelo, el Ministerio de Defensa reactivó el esquema de recompensas para ubicar a los principales cabecillas criminales de la zona. Se ofrecen hasta $640 millones por información que conduzca a la captura de alias Yeferson, alias Piñas o Moisés y alias Hernán, señalados de pertenecer al clan del Golfo, y la misma suma para alias Julián de las disidencias de Calarcá.
En el caso del ELN, la recompensa por alias Omar, alias Mauricio o alias Casinga asciende a $3.244 millones, y $1.641 millones por alias Mara y alias Arbey.
Finalmente, el Ministerio recordó que la colaboración ciudadana es fundamental para las operaciones de la Fuerza Pública. Permanecen habilitadas las líneas nacionales 107, 147, 157 y 167 para reportar información sobre grupos ilegales, garantizando la reserva de identidad.