La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, advirtió que la decisión del Gobierno de imponer una sobretasa del 1,6% al impuesto al patrimonio para el sector financiero podría afectar la solvencia de varias entidades y limitar los recursos disponibles para el desarrollo económico en Colombia.
La medida fue aprobada para captar fondos destinados a la emergencia climática, pero según Gutiérrez, podría provocar pérdidas en varias entidades bancarias y restringir la oferta de crédito, en un contexto donde la economía necesita recursos para recuperarse.
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Así lo señaló la titular del grupo bancario, en una entrevista con el diario antioqueño El Colombiano.
De acuerdo con el decreto firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, la medida tiene previsto recaudar cerca de 8 billones de pesos, de los cuales el 56% recaerá sobre el sistema financiero y el sector minero-energético. Esta asignación preocupa a la banca nacional, que prevé impactos no solo tributarios, sino estructurales, por la magnitud de la transferencia de recursos fuera del circuito productivo.
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La ejecutiva advirtió sobre los efectos directos de la normativa en la economía real. Explicó que, aunque es un impuesto aplicado a todo el sector productivo, existe una carga adicional del 1,6% al sistema financiero que “finalmente, eso lo que hace es que algunos recursos no fluyan hacia el desarrollo de la economía”, dijo.
Esta mayor presión sobre bancos y aseguradoras se traduce en menor capacidad para financiar proyectos productivos, precisamente cuando, por la emergencia climática, varios sectores del país requieren mayor financiación, aseguró Gutiérrez en la conversación.
La presidenta de Grupo Aval especificó que el impacto va más allá de lo contable. Afirmó que esto puede llevar a que algunas entidades financieras vuelvan a registrar pérdidas.
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Su análisis señaló que una baja en las utilidades restringe la capacidad de capitalización de las compañías financieras y, en consecuencia, reduce el margen para ampliar el crédito o mejorar las condiciones de financiamiento. Resumió: “Todo el mundo que tiene problemas de patrimonio o de solvencia es menos dinero en la economía”.
El 56% de la carga fiscal recaerá sobre banca y energía
El decreto impone una tarifa general de 0,5% para empresas con **patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, (aproximadamente $10.474 millones) y una tarifa especial de 1,6% para el sector financiero y actividades relacionadas con el carbón y el petróleo. Esto implica que estas industrias asumirán más de la mitad del esfuerzo fiscal extraordinario dispuesto por el Gobierno para atender la contingencia ambiental.
El calendario de pagos —en dos cuotas, el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026— exige una rápida salida de liquidez del sistema. Desde la óptica de Gutiérrez, esto puede comprometer la capacidad de las entidades para satisfacer la demanda de crédito en un escenario en el que la recuperación económica aún es inestable.
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Los bancos, indicó la representante de Grupo Aval, mantienen el compromiso de colaborar en la reconstrucción y atender las zonas más perjudicadas, como Córdoba.
La directiva relató un reciente encuentro con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera: “Tuvimos una muy buena reunión con el ministro y con el superintendente. Al igual que otros sectores empresariales, el sector financiero está comprometido con ayudar”.
Propuestas para una respuesta eficiente en la emergencia
Ante la posibilidad de inversiones forzosas, Gutiérrez sugirió que las entidades financieras implementen mecanismos más ágiles y focalizados. Señaló: “Estos mecanismos pueden ser más rápidos y efectivos que esquemas de inversión forzosa”.
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Entre las opciones mencionó periodos de gracia, reestructuración de créditos y nuevas líneas en condiciones favorables para la reconstrucción de viviendas, fincas y pequeños negocios afectados, de acuerdo con la entrevista realizada por el medio antioqueño
La dirigente también respondió a cuestionamientos políticos sobre una supuesta indiferencia del sector bancario al plan oficial, y aseguró que “el sector financiero está comprometido con ayudar” y que sus reservas apuntan a defender vehículos más eficientes para canalizar la ayuda, no a disputas partidistas.
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