En un encuentro convocado por el Gobierno nacional y realizado el jueves 26 de febrero en la plaza de Bolívar de Bogotá, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Ejecutivo gestionará nuevos recursos, incluso mediante préstamos, para cubrir las obligaciones pendientes de la Nueva EPS, dando prioridad al pago de las deudas con los hospitales públicos.
La declaración se produjo en medio del seguimiento permanente que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud a la entidad intervenida desde abril de 2024 y de la controversia generada por la muerte de varios pacientes por barreras de acceso a los tratamientos.
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Durante la jornada, convocada con “el propósito de fortalecer la Atención Primaria en Salud”, el jefe de la cartera indicó que el Ejecutivo asumirá directamente la responsabilidad financiera derivada de la situación actual de la aseguradora, cuya participación mayoritaria corresponde al Estado.
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“La nueva EPS ya es mayoritaria del Estado y el presidente dijo claramente que vamos a sacar nuevos recursos, así sean nuevos préstamos para pagar las deudas que tiene la nueva EPS, partiendo e iniciando por el pago de lo que le debe a los hospitales públicos para poderlos sanear, para poderlos ayudar. Y es por eso, asume el Gobierno esa responsabilidad. El modelo preventivo, que es uno de los claros y significativos hechos que tenemos que sacar adelante”, manifestó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Según el Ministerio de Salud, el encuentro con funcionarios de la cartera, tiene como objetivo “reafirmar su compromiso con el fortalecimiento del modelo de atención actual, la presencia institucional efectiva en los territorios y la articulación intersectorial como pilares para avanzar en la garantía progresiva del derecho fundamental a la salud y en la construcción de entornos territoriales de cuidado y paz”.
Sin embargo, el anuncio del Gobierno se da en un contexto marcado por la muerte del niño de siete años Kevin Acosta, que padecía hemofilia y, según se informó, no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab durante aproximadamente dos meses.
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Aunque la Superintendencia Nacional de Salud informó que instauró un seguimiento permanente a la Nueva EPS, medida implica una supervisión intensiva y continua de la operación de la aseguradora, con evaluaciones semanales orientadas a verificar el cumplimiento de los protocolos de atención, la crisis del sistema se extiende a deudas millonarias con hospitales y prestadores de servicios de salud.
Deuda creciente, embargos judiciales y aumento de quejas
La situación financiera de la entidad ha sido objeto de seguimiento por parte de los organismos de control. Según cifras de la Contraloría General de la República, la deuda de la Nueva EPS aumentó un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de $5,42 billones a $21,37 billones. En el mismo periodo, el patrimonio registró un deterioro, pasando de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de 6,25 billones en marzo de 2025.
De manera paralela, la Nueva EPS reportó que enfrenta embargos judiciales por más de $2,1 billones, ordenados por cuatro juzgados, que afectan el flujo de recursos destinados a la atención de aproximadamente 11,7 millones de usuarios.
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Según la entidad, el monto embargado equivale al promedio de la operación de un mes completo, lo que motivó la notificación a las autoridades de control y la solicitud de intervención urgente de los organismos competentes. La aseguradora indicó que el 80% de los prestadores afectados por los embargos corresponden a instituciones privadas.
En este escenario, las quejas de los afiliados ante la Defensoría del Pueblo aumentaron un 107% durante 2025, alcanzando 14.603 registros. La mayoría de reclamaciones estuvo relacionada con retrasos en la entrega de medicamentos e insumos, falta de especialistas, negación de procedimientos autorizados y dificultades en la asignación de citas médicas, especialmente en casos de enfermedades de alto costo que requieren seguimiento continuo y coordinación entre EPS e IPS.