La candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que el gobierno de Gustavo Petro revivió la extinción de dominio express en los siete departamentos declarados en emergencia económica.
Para Valencia, el Gobierno habría eliminando la fase judicial, permitiendo expropiaciones sin indemnización ni intervención judicial.
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“En menos de 15 días la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga”, escribió Valencia en X.
El señalamiento de Valencia se produce tras la expedición de los decretos de emergencia económica y social para enfrentar la crisis ocasionada por las lluvias e inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Según la candidata, el Gobierno eliminó la fase judicial en procesos como la clarificación, el deslinde, la recuperación de baldíos y la extinción de dominio express, lo que permite, según la senadora, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) actuar administrativamente en un plazo máximo de 15 días.
Paloma Valencia advirtió que, aunque los propietarios pueden demandar las decisiones, el trámite tomaría años y los predios podrían ser ocupados por terceros mientras tanto.
La integrante de la Gran Consulta por Colombia recordó que la Corte Constitucional anuló la figura de extinción de dominio express en 2024 y que, durante la discusión de la jurisdicción agraria, se había acordado mantener la fase judicial como salvaguarda para los derechos de los propietarios rurales.
“Están rompiendo los acuerdos. Esto pone en riesgo la propiedad rural en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó”, afirmó, anticipando que solicitará a la Corte que revise el nuevo decreto.
La candidata también denunció que el Gobierno permitió a la ANT comprar predios de manera expedita, sin los procedimientos técnicos habituales.
“En un solo acto realizarán un proceso que normalmente dura meses para determinar la viabilidad técnica del predio. Esto es un boquete para todo tipo de corrupción”, publicó.
Además, alertó sobre el cobro de una supuesta comisión del 10% en las compras de tierras a través de contratos de mandato en la ANT.
La declaratoria de emergencia económica, social y ecológica responde a la insuficiencia de mecanismos presupuestales ordinarios y a la saturación de la partida de contingencia del presupuesto nacional, que ya estaba comprometida antes de los desastres.
El Gobierno sostiene que las facultades extraordinarias son necesarias ante la gravedad de la crisis y las limitaciones fiscales, mientras sectores de la oposición advierten sobre riesgos para la seguridad jurídica y la propiedad rural.
Recientemente, Paloma Valencia, denunció posibles irregularidades en contratos de Colpensiones y Rtvc por un total de $60.111 millones.
Valencia señaló en su cuenta oficial de X que ambos contratos, destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad, habrían presentado adiciones que, según su denuncia, podrían violar el principio de anualidad y la prohibición legal de adicionar más del 50% del contrato.
Según la congresista, el primer contrato fue adjudicado el 15 de diciembre de 2023, pocos días antes de finalizar el año, y se asignó de manera directa —sin licitación— por $13.804 millones.
“Colpensiones no tenía por qué ejecutar un contrato de publicidad por más de un año. Amarraron el negocio para comprometer recursos de 2023 y 2024, como si se tratara de una vigencia futura. Esto violaría el principio de anualidad”, afirmó.
La integrante de la Gran Consulta por Colombia detalló tres adiciones a este contrato: $6.000 millones el 25 de junio de 2024, $11.252 millones el 23 de diciembre de 2024 y $6.300 millones el 29 de agosto de 2025.
En paralelo, la congresista denunció que Colpensiones firmó un segundo contrato con Rtvc el 16 de julio de 2024, también de forma directa, por $9.795 millones y con un objeto similar: el diseño e implementación de una estrategia de marketing, con ejecución prevista hasta el 30 de junio de 2025. Este contrato también habría recibido una adición que elevó su valor por encima del 100% del monto inicial y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025.