En una operación conjunta de la Policía Nacional junto con agencias internacionales y fuerzas especiales, se logró desmantelar un depósito clandestino en el sur de Bogotá.
El lugar funcionaba como taller artesanal para la fabricación de artefactos explosivos improvisados que, según informes de inteligencia, tenían como propósito alterar la jornada electoral prevista para el 8 de marzo de 2026.
La acción tuvo lugar el 25 de febreroy fue encabezada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la DEA, la Fiscalía General de la Nación y el GAULA Militar. Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas y decomisaron material suficiente para ensamblar más de 70 artefactos explosivos.
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El minsitro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por medio de su cuenta de X, confirmó que el operativo se desarrolló en Usme, al sur de la capital colombiana, donde el grupo interdisciplinario encontró un arsenal compuesto por piezas de artefactos explosivos de tipo cilíndrico, granadas de 60 milímetros, un lanzagranadas artesanal calibre 40 mm, y 897 cartuchos calibre 5,56 mm.
Además, se hallaron tres piezas destinadas al ensamblaje de un lanzagranadas múltiple (MGL) de fabricación casera.
El inventario incluyó partes de armas de fuego, tales como culatines, percutores y empuñaduras. También se incautó aproximadamente un kilogramo de pólvora negra y cerca de cinco kilogramos de insumos adicionales para la elaboración de mezclas explosivas, los cuales serán analizados por peritos especializados.
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Los datos recabados por fuentes humanas de inteligencia apuntan a que el material incautado iba a ser empleado en acciones terroristas con el objetivo de afectar el proceso electoral en Bogotá. El análisis preliminar señala como posible responsable al Frente de Guerra Urbano Nacional del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, organización señalada de fabricar los artefactos y planear atentados en la ciudad.
Este hallazgo pone de manifiesto el interés de estructuras ilegales por interferir en eventos democráticos mediante el uso de explosivos de fabricación artesanal. Las autoridades han reforzado los protocolos de seguridad y continúan investigando para identificar a otros miembros y redes logísticas vinculadas al caso.
Gustavo Petro ratificó que no votará en las consultas del 8 de marzo
Las acusaciones de fraude electoral y la advertencia sobre riesgos en el conteo de votos marcaron el reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro respecto a las consultas presidenciales del 8 de marzo. Petro anunció que, ante las irregularidades que denuncia, solo solicitará el tarjetón del Congreso y no participará en la consulta presidencial, decisión que expone un quiebre institucional de alto impacto a días de la jornada electoral.
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El mandatario vinculó su determinación a lo que considera “exclusiones arbitrarias” de precandidatos en el proceso, un hecho que calificó sin matices como “un fraude electoral consumado”. Petro sostuvo que su propuesta de realizar una auditoría técnica independiente sobre el software de preconteo de votos no recibió respuesta de las autoridades electorales.
Petro subrayó la ausencia de respuesta a su pedido de control externo sobre el software, lo que, según él, deja dudas sobre la transparencia del proceso. Además, advirtió sobre la empresa Thomas and Greg and Sons, que —según describió— concentra la mayor parte de las tareas de escrutinio.
El presidente alertó que esta compañía mantiene vínculos con los hermanos Bautista, quienes, de acuerdo con sus declaraciones, “buscan controlar la base de datos de documentos de los ciudadanos mediante maniobras judiciales”.
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El foco de atención se traslada así a la infraestructura técnica de la elección. Petro denunció que el Consejo Electoral habría obstaculizado el derecho a elegir y ser elegido, lo que, en sus palabras, “exige garantías de supervisión externa sobre el sistema de conteo”.