El gobierno de Gustavo Petro citó a los principales líderes del sector financiero colombiano para abordar la expedición de un decreto sobre inversiones forzosas, una medida que busca definir el destino de los recursos bancarios en la producción de alimentos y el crédito productivo.
La convocatoria tiene lugar este lunes 23 de febrero de 2026 en las instalaciones del Ministerio de Hacienda a las 3:00 p. m., en un contexto de debate sobre el impacto que esta regulación tendría en la economía y en la estructura del sistema financiero nacional.
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De acuerdo con La FM, al encuentro, que liderará el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asistirán María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia; Javier Suárez, presidente de Davivienda; Diego Fernando Prieto Rivera, presidente del Banco Caja Social; Alexandra Restrepo García, presidenta de Finagro; y Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
También se espera la presencia César Ferrari, superintendente financiero, encargado de la supervisión del sistema bancario. El encuentro se realizará a las 3:00 p. m. con el objetivo de notificar formalmente el contenido del decreto y discutir su fecha de expedición.
El Gobierno argumenta que la medida responde a la necesidad de canalizar recursos hacia líneas específicas de crédito, principalmente en el contexto de la crisis ambiental que llevó al Ejecutivo a declarar emergencia económica y priorizar créditos con tasas compensadas en regiones afectadas.
La propuesta de inversiones forzosas implica que los bancos destinen parte de sus recursos hacia sectores determinados, lo que ha generado preocupación entre los representantes del sector financiero.
Según reportes de El Tiempo y Valora Analitik, el gremio bancario sostiene que el sistema ya muestra dinamismo sin la necesidad de imposiciones, pues los desembolsos para sectores priorizados han crecido un 20% y se realizan 38.000 operaciones diarias. El último informe de la Superintendencia Financiera indica que el avance del programa “Pacto por el Crédito” alcanzó el 90%, a un mes de su finalización.
El presidente Gustavo Petro ha reiterado en más de una ocasión que “la banca privada me engañó. No desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y sacaron el dinero del país y ahora, incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos”.
El mandatario propuso devolver el control de la cartera sustitutiva a la banca pública, reafirmando que “la inversión forzosa es ley desde 1962, y no toca a los ahorradores. Jamás un ahorrador sabe qué hacen los banqueros con su ahorro”.
Los representantes del sector financiero y varios exministros de Hacienda manifestaron su desacuerdo con el mecanismo de inversiones forzosas.
En una carta, seis exministros señalaron que existen alternativas más eficaces y menos costosas, como las garantías estatales y los subsidios focalizados a la tasa de interés.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, calificó la medida como un instrumento de “represión financiera”, alertando sobre el riesgo de encarecimiento del crédito y un posible impacto negativo en la estabilidad del sistema.
El gremio advirtió también que los principales afectados serían los hogares que buscan financiamiento para vivienda, ya que se proyecta una elevación en las cuotas de largo plazo.
Adicionalmente, existe la preocupación de que los recursos terminen siendo utilizados para la compra de títulos de deuda pública o para gastos estatales, en lugar de fortalecer el crédito productivo.
Desde el Gobierno se argumentó que el objetivo es canalizar gradualmente el ahorro privado a través de la banca pública, priorizando el financiamiento de alimentos y el apoyo a pequeños y medianos productores.
Según el presidente Petro, esto permitiría reducir los precios de los alimentos, aumentar las exportaciones y generar empleo.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que defendió la figura de las inversiones obligatorias y explicó su funcionamiento jurídico y técnico.
La cartera señaló: “En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, conviene separar los datos de la narrativa. Desde hace 36 años, Colombia cuenta con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado”.