El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido a través de redes sociales para referirse a la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma con la que su gobierno delimitó la llamada Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. En su pronunciamiento, el exmandatario defendió el alcance de ese acto administrativo y solicitó que se mantengan las garantías para los pueblos indígenas vinculados a ese territorio, según informó Blu Radio.
La determinación del alto tribunal generó reacciones entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos, que han manifestado preocupación por las implicaciones del fallo. El decreto anulado reconocía como sagrados cientos de espacios para los pueblos indígenas de la Sierra y establecía un marco jurídico de protección especial dentro de la normativa colombiana vigente desde 2018.
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Santos sostuvo que el Decreto 1500 fue producto de años de diálogo con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su finalidad consistió en brindar respaldo legal a un sistema de sitios sagrados preexistente en la tradición indígena. En su mensaje, el exjefe de Estado señaló que la decisión judicial representa, a su juicio, un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos espacios.
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La Línea Negra corresponde a una delimitación espiritual y territorial trazada por los pueblos indígenas de la Sierra sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar. De acuerdo con sus autoridades tradicionales, esos lugares sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente el reconocimiento de estos espacios y les otorgó un esquema de protección especial dentro del ordenamiento jurídico.
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El Consejo de Estado anuló la norma al considerar que durante su expedición no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores presentes en el territorio. Esta conclusión abrió un nuevo escenario de debate jurídico y político en torno a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la forma en que deben adoptarse decisiones que impacten distintos sectores.
En su intervención, Santos insistió en que el Estado debe honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los lugares sagrados que forman parte de su cosmovisión. El exmandatario planteó la necesidad de encontrar mecanismos que permitan mantener vigentes las garantías reconocidas a las comunidades de la Sierra, pese a la nulidad del decreto.
Su declaración se sumó a los llamados de autoridades tradicionales de la región, que han advertido sobre los riesgos que, en su criterio, implica la anulación del acto administrativo para la preservación de su cultura y de su relación histórica con el territorio. Las comunidades han señalado que la protección de la Línea Negra resulta fundamental para la continuidad de sus prácticas y creencias.
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Mientras se desarrolla la discusión jurídica, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impartió instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para explorar instrumentos legales que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra. Entre las alternativas mencionadas se encuentra la eventual compra de predios, como fórmula para mantener la protección de los espacios identificados por los pueblos indígenas.
La controversia se produce en torno a uno de los territorios ancestrales más representativos del país, cuya delimitación espiritual y cultural fue reconocida formalmente mediante el Decreto 1500. La nulidad declarada por el Consejo de Estado no elimina la existencia de la Línea Negra como referente tradicional, pero sí modifica el marco normativo que la respaldaba desde 2018.
El debate continúa en diferentes escenarios institucionales y comunitarios, en medio de posiciones que buscan conciliar el respeto a las decisiones judiciales con la necesidad de preservar los sitios sagrados identificados por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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