Más de 200 representantes sindicales vinculados al sector de la caña de azúcar y palma africana se movilizaron en horas de la madrugada del 18 de febrero de 2026, hacia las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía en Bogotá.
La protesta, impulsada por las centrales Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), busca presionar al Gobierno para que garantice la viabilidad de la producción nacional de etanol y biodiésel.
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El movimiento sindical ha venido manifestando preocupaciones ante la ausencia de garantías claras que respalden la continuidad y el crecimiento de la industria de biocombustibles en el país.
Los sindicatos sostienen que la protección de esta cadena productiva resulta fundamental no solo para el empleo directo e indirecto, sino también para el impulso de energías alternativas que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles. No dudaron en mencionar que no habran labores en la jorndad del 18 y 19 de febrero hasta como parte de la protesta.
Las organizaciones del sector etanol han presentado demandas. En voz de Alberto Guzmán, vicepresidente nacional de la CGT, la situación se ha tornado tensa: “De aquí no nos vamos a mover”, reclamó con firmeza en conversación con La FM. El eje del reclamo reside en la demanda de una mesa de concertación con la cartera ministerial, exigiendo que se resuelvan los problemas de suministros nacionales de etanol y biodiésel.
Según Guzmán, “estamos exigiendo del Ministerio de Minas una mesa de concertación para que de una vez por todas dé solución al abastecimiento nacional del etanol y del biodiésel, ya que hoy se está privilegiando el importado”.
El paro, encabezado por la dirigencia sindical nacional del sector azucarero y palmero, responde a lo que describen como una amenaza directa para la producción y la estabilidad laboral, ante un contexto en el cual el mercado nacional, según Guzmán, se ve relegado: “Hoy se está privilegiando el importado, teniendo un sobre stock que tiene ad portas de parar las plantas y con el consecuente desempleo. No lo vamos a permitir”.
La advertencia del dirigente deja en claro el nivel de preocupación entre los trabajadores, que, además de cuestionar el impulso a los combustibles importados, advierten sobre la inminencia de paradas de planta y posibles pérdidas de empleos relacionados con la industria del etanol y el biodiésel.
La crisis en la industria agrícola colombiana se intensifica, según advierte Johnson Torres Ortiz, líder sindical de Sintrainagro y la CUT, denuncío que “la producción nacional es desplazada por importaciones más baratas mientras nuestras plantas se llenan de producto que nadie compra”.
Esta situación, sostiene, tiene consecuencias profundas más allá del sector técnico y afecta el empleo directo de más de 400 mil trabajadores formales, lo que él califica como “una amenaza directa contra 450 mil empleos formales”.
Torres Ortiz, como directivo de Sintrainagro, destaca que este desafío no solo impacta a las empresas, sino que pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen de la agroindustria.
Por lo anterior, las acciones de movilización de diferentes agremiaciones sindicales en Bogotá, reflejan la tensión creciente entre los trabajadores y el Gobierno nacional frente al futuro de la industria de biocombustibles en Colombia. La demanda de diálogo y soluciones concretas surge ante el riesgo de afectaciones laborales y la incertidumbre sobre el abastecimiento local en un sector clave para la economía rural y la transición energética, que hoy por hoy, de acuerdo con el pliego de solicitudes, estaría en riesgo inminente de ser afectadas.