El Ministerio de Ambiente anunció que interpuso un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene suspendidas las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá.
La cartera ambiental indicó que solicitará una nueva revisión ante el Consejo de Estado, tras considerar cumplidas las órdenes emitidas previamente por ese alto tribunal.
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De acuerdo con la entidad, la actuación se produjo luego de acatar las instrucciones judiciales y adelantar ocho jornadas de trabajo con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (Cech), proceso que culminó con una audiencia pública el 26 de noviembre de 2025 y con la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares adoptada por ese organismo el 4 de diciembre del mismo año.
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Según informó la ministra encargada Irene Vélez Torres, el Ministerio considera que cumplió lo ordenado por el alto tribunal en relación con los espacios de concertación institucional. “Como Ministerio de Ambiente, tenemos la certeza de haber cumplido con lo ordenado por el Consejo de Estado. Mantenemos la firme convicción de que la vida no es negociable. La Sabana de Bogotá es un ecosistema vivo de humedales, una realidad ecosistémica que debemos conservar y defender frente a cualquier modelo depredador que ponga en riesgo nuestra seguridad hídrica y el bienestar colectivo”, señaló la funcionaria.
La cartera ambiental explicó que las Directrices Ambientales de la Sabana responden a compromisos del Gobierno nacional incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, con el propósito de garantizar el ordenamiento territorial alrededor del agua y la preservación de los ecosistemas estratégicos.
En ese contexto, la ministra agregó: “El ordenamiento alrededor del agua es una prioridad que se hace aún más urgente en escenarios de cambio climático. Decisiones como el racionamiento por más de un año y las 41 emergencias registradas por las lluvias del pasado 11 de febrero de 2026 en Bogotá, reportadas por el Idiger, así lo demuestran”. La referencia corresponde a situaciones recientes registradas en Bogotá, relacionadas con disponibilidad hídrica y eventos asociados a precipitaciones.
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Antecedentes del proceso de concertación
El Gobierno nacional indicó que el objetivo de las directrices es avanzar en una deuda histórica de más de tres décadas frente al ordenamiento territorial alrededor del agua en la Sabana. En marzo de 2025, el tribunal administrativo suspendió la vigencia del documento construido mediante un proceso participativo, lo que llevó al Ministerio de Ambiente a solicitar claridad ante el Consejo de Estado.
En junio de ese mismo año, el alto tribunal ordenó desarrollar espacios de concertación con el Cech. Como parte del proceso participativo, el ministerio reportó la realización de 165 jornadas de diálogo, la recepción de 6.500 aportes virtuales, más de 10.000 visitas al proyecto de resolución y la participación presencial de más de 20.000 personas. Entre los asistentes se incluyeron habitantes de la Sabana, colectivos ciudadanos, autoridades locales y representantes del sector privado.
De acuerdo con la información oficial, estos espacios permitieron que los actores involucrados y el Gobierno alcanzaran un consenso para ordenar la Sabana alrededor del agua, en cumplimiento de las órdenes judiciales previamente emitidas.
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En ese sentido, el Ministerio de Ambiente defendió el documento de directrices ambientales, señalando que busca orientar el desarrollo de más de 420.000 hectáreas distribuidas en 31 municipios del área de influencia de la Sabana de Bogotá. Entre sus propósitos se encuentran el fortalecimiento de la resiliencia climática, la garantía de seguridad hídrica para más de 10 millones de personas, la protección de ríos, quebradas y humedales, y la restauración ecológica de páramos, bosques andinos y ecosistemas de alta montaña.
Asimismo, plantea acciones dirigidas a permitir el crecimiento urbano en armonía con los ecosistemas y a asegurar el uso sostenible de los recursos naturales en la región.