El Consejo de Estado rechazó la solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero, representante del Pacto Histórico, en el proceso por el llamado caso Fruver.
Durante el proceso, las pruebas se centraron en si los integrantes de la UTL del parlamentario habrían cumplido órdenes orientadas a beneficiar al negocio familiar, en desmedro de su labor en el servicio público.
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Sin embargo, el alto tribunal negó el recurso, al considerar que no se cumplieron los requisitos para decretar su salida definitiva del Congreso, por lo que mantendrá su curul en la Cámara de Representantes hasta el final del periodo legislativo, es decir, el 20 de junio de 2026.
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La decisión judicial generó varias reacciones en los politicos colombianos. Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro quien catalogó el episodio como una manera de desprestigiar al congresista del oficialismo.
“Después de una inmensa campaña mediática de desprestigio contra David Racero, resultó que no era cierta. David ha sido absuelto por el consejo de estado por su participación en un “fruver” de su propiedad”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
En su mensaje, el jefe de Estado colombiano recalcó que el caso judicial de Racero “pasará como la época en donde se usó la prensa tradicional para favorecer el interés político de los más poderosos del país, en uno de los países más desiguales del mundo”.
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Por último, envió un mensaje de solidaridad con el representante del Pacto Histórico. “Felicito a David por lograr mantener una acción política libre”, puntualizó.
Detalles del fallo a favor de David Racero
La denuncia contra el representante a la Cámara David Racero (Pacto Histórico) consistía en asignar a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) tareas ajenas a sus funciones, específicamente apoyar actividades vinculadas a un negocio familiar de comercialización de frutas y verduras (conocido popularmente como fruver) en el barrio Villa Luz, noroccidente de Bogotá.
Según la argumentación de los solicitantes, el congresista habría dispuesto en enero de 2021 que algunos funcionarios vinculados a su UTL colaboraran en ese local comercial, hecho documentado por diferentes medios de comunicación.
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Ante ello, el Consejo de Estado analizó la posibilidad de que un congresista incurra de manera indirecta en una indebida destinación de dineros públicos cuando delega en empleados legislativos tareas que no tienen relación con su labor parlamentaria.
Ese criterio sirvió de base para la demanda, pero finalmente se determinó que en este caso no se comprobó la configuración de la causal grave necesaria para decretar la pérdida de investidura.
“No se probó -libre de toda duda- la indebida destinación de dineros públicos, puesto que los medios de prueba que obran en el proceso no revisten la suficiente entidad y convicción para generar la evidencia y certeza necesaria”, se lee en el auto citado por El Espectador.
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El alto tribunal subrayó que un congresista puede incurrir de manera indirecta en “indebida destinación de dineros públicos” si encarga tareas no legislativas a integrantes de la UTL, pero en este caso no se cumplía el estándar de prueba exigido.
En el análisis se examinaron movimientos de dinero hacia las cuentas de Racero por parte de su equipo, así como la autenticidad de los mensajes divulgados. Las denuncias sobre presuntos cobros y desvíos se hicieron públicas en septiembre de 2024.
Tras conocerse la decisión, el propio David Racero sostuvo que, pese a las acusaciones que circulaban en su contra, optó por esperar los resultados de la justicia antes de pronunciarse públicamente sobre el proceso.
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“Fui prudente con la justicia, esperando justamente este momento en que los fallos empezaran a salir, para que quedara demostrado que yo no soy ningún explotador, que no violento a ningún trabajador, que he sido respetuoso con los recursos públicos, que no he cometido ningún acto ilegal, pero que sobre todo he sido leal, consecuente con la lucha de los trabajadores en Colombia”, afirmó el parlamentario.