Durante el 18 de febrero se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia y enfermedad renal crónica, que lleva cuatro meses esperando un trasplante de riñón en Cali (Valle del Cauca), mientras depende de una diálisis diaria y la respuesta de su EPS, Coosalud, aún no llega, de acuerdo con la denuncia que fue realizada por su madre.
El relato indica que el pequeño sufrió la cancelación de la atención hospitalaria y una constante vulneración de derechos, lo que pone en evidencia el deterioro del sistema de salud y la incertidumbre que enfrentan actualmente miles de familias en Colombia.
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Francisco fue atendido durante un tiempo en la Clínica Imbanaco, pero perdió el acceso al servicio de salud cuando el convenio con Coosalud fue cancelado en octubre de 2025. Desde ese momento, se quedó sin la garantía de seguimiento especializado, lo que puso en riesgo su salud y su familia quedó sumida en la desesperación.
La denuncia fue realizada por Leidy Delgado, madre de Francisco, que, según Blu Radio, dijo que en la última semana su hijo presentó complicaciones y tuvo que regresar a la clínica a pesar de que ya no contaban con el convenio vigente.
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Al no recibir atención, la única opción ofrecida fue el Hospital Universitario del Valle, alternativa que consideró insuficiente: “Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le está dando esa condición”, y agregó que su única prioridad es protegerlo ante la falta de atención médica.
Acciones legales y falta de respuesta de la EPS
Leidy Delgado presentó acciones de tutela y ha agotado todas las vías formales para exigir que su hijo sea atendido y reciba los medicamentos indispensables. Aunque lo ha intentado todo, asegura que no ha recibido respuesta de la EPS responsable.
De acuerdo con el medio, la situación ha afectado en gran medida a su madre, que también padece hemofilia y diabetes e informó que, desde hace 2 meses, no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades.
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Frente a este doble drama, Delgado realizó un llamado urgente para que las autoridades sanitarias intervengan, exigiendo que se garantice el acceso pleno a la salud, tanto para su hijo como para ella, en lo que considera una vulneración clara de derechos fundamentales en pleno desarrollo de la crisis del sistema de salud colombiano.
Muerte de Kevin Acosta
Este caso toma especial relevancia después de la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa, que sufrió un golpe en la cabeza tras una caída en bicicleta y duró varias semanas sin recibir el tratamiento que lo mantenía con vida.
Yudy Katherine Pico, madre de Kevin, detalló a Blu Radio que la aseguradora Nueva EPS le informó a finales de 2025 sobre la finalización del contrato con la IPS Medicarte, encargada de suministrar el medicamento de su hijo. La atención, aseguró, pasaría a manos de la IPS Integral Solutions, pero nunca recibió alternativas: “A mí no me dieron ninguna alternativa, ninguna solución; solo que tocaba esperar. El medicamento valía $35 millones, pero yo soy una persona de bajos recursos y no tenía para comprarlo. ¿De dónde los iba a sacar?”.
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En un Consejo de Ministros televisado el 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a la familia por no prevenir el accidente, argumentando que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención”.
Ante estas palabras, la madre del menor fallecido respondió: “Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”.
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