El abogado Alejandro Carranza manifestó públicamente cuestionamientos frente a decisiones judiciales que, según indicó, restringirían la posibilidad de que el mandatario denuncie hechos que considera graves para el sistema de salud.
En un mensaje difundido en la red social X, el jurista también solicitó respuestas institucionales sobre el avance de investigaciones radicadas ante la Fiscalía General de la Nación.
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Carranza planteó interrogantes sobre la actuación de algunos jueces de tutela y sostuvo que el debate no corresponde a una opinión personal, sino a advertencias relacionadas con el presunto uso de recursos del sistema de salud en operaciones privadas vinculadas a decisiones administrativas de la EPS Coosalud.
Según expresó, “lo que está en discusión no es una opinión personal, sino la advertencia sobre presuntas desviaciones de más de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS del sistema de salud”, recursos que, de acuerdo con información pública, habrían servido como respaldo de operaciones privadas.
Cuestionamientos a decisiones judiciales y a la investigación penal
En su publicación, Carranza afirmó que “silenciar este tipo de denuncias no protege derechos; debilita el control ciudadano, limita el deber de vigilancia pública y restringe la libertad de expresión” en el ámbito de la denuncia de posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El abogado agregó que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos y anunció que la ampliación de la denuncia se radicaría ante la Fiscalía para determinar responsabilidades. Asimismo, preguntó por la falta de avances visibles en investigaciones presentadas desde el año anterior por el presidente Gustavo Petro.
Dentro de ese contexto, formuló un interrogante directo a la entidad investigadora: “¿Será que hay un exfuncionario de la fiscalía moviendo hilos?”. También señaló que el país requiere instituciones orientadas a proteger a los ciudadanos y garantizar la administración transparente de los recursos públicos, en referencia tanto al sistema de salud como al de justicia.
Declaraciones del presidente en el Consejo de Ministros
Las afirmaciones del abogado se relacionan con lo expresado por el mandatario durante un Consejo de Ministros televisado el 16 de febrero. En esa intervención, el jefe de Estado mencionó el caso de Coosalud y señaló que podría enfrentar consecuencias judiciales por desacato a una tutela que le ordenaría retractarse.
El presidente indicó: “Yo estoy a punto de ser puesto preso por un juez, por desacato de una tutela, en donde me dice que me tenga que retractar y rectificar” respecto a señalamientos sobre un directivo de la EPS Coosalud. Añadió que lo acusa públicamente de haber extraviado recursos de la cooperativa, aunque reconoció que jurídicamente no puede afirmar la comisión de un delito debido al cierre del caso por parte de la Fiscalía.
En su intervención, el mandatario también cuestionó esa decisión investigativa al preguntar “¿por qué la Fiscalía cerró el caso? Si las pruebas están ahí”, y señaló que solicitó el envío de una auditoría forense a la entidad acusadora, así como al juez de tutela correspondiente.
Posteriormente, amplió sus comentarios al referirse a la situación financiera del sistema de salud y de otras EPS. Señaló que en la Nueva EPS se habrían encontrado millones de facturas no reportadas en los estados financieros tras una intervención, con valores que, según dijo, ascenderían a varios billones de pesos. También sostuvo que la liquidación de esa entidad tendría efectos sobre el sistema hospitalario público y privado del país.
El presidente afirmó además que el Gobierno nacional no debe asumir deudas privadas de las EPS y mencionó antecedentes de recursos destinados al denominado “punto final” en administraciones anteriores. En ese sentido, expresó que “el pueblo colombiano no tiene por qué pagarla vía su gobierno”, en referencia a obligaciones financieras de origen privado.