Tumaco reportó incremento inédito en la inscripción de cédulas rurales: candidata a las curules de paz encendió las alarmas por las cifras

El municipio de San Andrés de Tumaco, ubicado en la costa del departamento de Nariño, afronta una alerta por el aumento inusual en la inscripción de cédulas en zonas rurales con miras a las elecciones legislativas del 8 de marzo del 2026: en la que se escogerán un total de 102 senadores y 188 representantes a la Cámara, además de los candidatos de las tres consultas dispuestas para la jornada, de acuerdo con lo que indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Gloria Paz Campaz, la candidata a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) No. 10, que comprende esta zona del Pacífico nariñense, presentó mediante una misiva una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por lo que califica como trashumancia; es decir, la posible inscripción irregular de ciudadanos para votar en un territorio en el que no residen, siendo este un fenómeno que podría poner en duda la legitimidad del proceso.

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Según el documento, revelado por La Silla Vacía, la preocupación recae en el incremento del censo electoral rural en Tumaco, que pasó de 1.950 inscritos en 2022 a 16.900 habilitados para sufragar en 2026. Esto supone un alza del 909%, una variación fuera de lo habitual para la zona y con el potencial de modificar el escenario electoral local, en el que, según expresó, se están moviendo intereses ocultos que merecen la pronta intervención de las autoridades.

En elecciones anteriores, la situación fue distinta. En 2018, la Registraduría Nacional registró 1.675 votantes en la zona rural del municipio; y para 2022, la cifra aumentó a 1.950, lo que representó un crecimiento del 10%, consistente con tendencias demográficas previas. Sin embargo, de cara a esta contienda, el salto alcanzó el mencionado 909% y, a nivel general, la Citrep 10, que incluye 11 municipios del sur de Nariño, registró un aumento del 41% en el censo.

Las aparentes irregularidades en el censo electoral de Tumaco para los comicios del 8 de marzo

La denuncia de Paz Campaz da cuenta de que la afluencia anormal de personas en las sedes de la Registraduría durante el periodo de inscripción, entre marzo de 2025 y el 8 de enero de 2026, está relacionada con traslados de ciudadanos, la mayoría provenientes del sector urbano hacia áreas rurales. Los reportes recabados por la aspirante incluyen la presunta entrega de pagos e incentivos con el objetivo de trasladar el puesto de votación hacia la vereda Agua Clara.

El fenómeno de trashumancia electoral, que de acuerdo con la denuncia, estaría ocurriendo en Tumaco, encendió las alarmas por la posibilidad de alterar la voluntad popular y beneficiar intereses específicos en el Congreso. Frente a esto, Paz Campaz recordó que el Acto Legislativo 02 de 2021, que dio vida a las circunscripciones especiales, junto con la Resolución 4869 de 2019 del CNE, facultan a las autoridades para verificar, anular o excluir inscripciones irregulares.

De acuerdo con la Resolución 2857 de 2018, el Consejo Nacional Electoral puede actuar de oficio si existen indicios claros de inscripción fraudulenta. Para ello, se contemplan cruces de información en bases oficiales como Sisbén, EPS, Runt y la Dian para confirmar la residencia real: y, de hecho, se puede ordenar la exclusión de inscripciones y depuración del censo electoral antes de los comicios, para impedir que los que no habitan realmente en la circunscripción participen.

El impacto de género también se detalló en la misiva, pues de acuerdo con la denunciante las mujeres víctimas del conflicto armado pueden verse más perjudicadas por este tipo de prácticas. Según Paz Campaz, en este caso la trashumancia electoral, bajo estas circunstancias, se configura como una manifestación de violencia política de género, pues atenta contra el derecho de las candidatas a competir en igualdad de oportunidades.

Esta práctica distorsionaría la auténtica representación política, por lo que invocó resoluciones del CNE, como la 3480 de 2020 y la 10946 de 2025, en la que se ordenan investigar y sancionar estos hechos y establecen obligaciones para prevenir y atender la violencia política de género. Por ello, en la queja se pidió que el organismo declare una alerta temprana por inscripción irregular a gran escala y haga un cruce de información con la Registraduría y otras entidades.