Exfiscal Barbosa reaccionó al secuestro de funcionarios en Bogotá por grupos afros e indígenas: “Las excusas que las den en audiencia”

Los episodios registrados en entidades estatales en Bogotá, en donde organizaciones indígenas bloquearon la entrada y salida estas estructuras, desató en la jornada del martes 17 de febrero una fuerte respuesta del exfiscal General de la Nación y exprecandidato presidencial Francisco Barbosa, que en sus redes sociales calificó sin rodeos la detención de trabajadores y la calificó como un acto inadmisible que compromete el principio de autoridad del Estado.

El exdirector del organismo de investigación judicial, en su perfil de X, expresó su postura ante la privación de la libertad de funcionarios públicos en el Centro Administrativo Nacional de Bogotá. “Las excusas que las den en audiencia ante el juez de control de garantías luego de su judicialización. Lo demás es sometimiento del Estado a estos grupos”, declaró Barbosa en su mensaje, con lo que quiso hacer énfasis en cómo desde el Gobierno se avalan los hechos.

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Frente a lo acontecido en la capital de la República, Alexis Mina Ramos, consejero mayor y vocero de las comunidades afro e indígenas asentadas en la Universidad Nacional, reconoció incidentes de violencia y detenciones ilegales. “Pedimos excusas a las personas afectadas. No había claridad con los funcionarios. Llevamos mucho tiempo en mesas de diálogo y uno ya sabe con quién hablar para que las cosas se agilicen, pero no nos daban soluciones”, afirmó en La FM.

Para las comunidades asentadas, el Estado no ha respondido a necesidades básicas, por lo que la situación, de acuerdo con Mina Ramos, llegó a su límite, por la falta de agua potable y alimentos, a lo que sumarían episodios de violencia diaria en sus territorios: “La realidad es dictada por el asedio de drones, secuestro de menores, retenes ilegales”, remarcó el líder social al citado medio, destacando la presencia de economías ilícitas como motores de la inseguridad.

Diversas dependencias estatales se vieron afectadas por estas acciones de los grupos de manifestantes, que ejercieron control indebido. Entre las instituciones comprometidas se destacaron el Centro Administrativo Nacional (CAN), el Ministerio de Trabajo, donde se presentaron altercados entre manifestantes y funcionarios, y los Juzgados Administrativos, cuya sede fue bloqueada por la guardia, que impidió el ingreso y la salida de servidores judiciales.

Otras entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) también fueron ocupadas o bloqueadas. Los manifestantes instalaron banderas de movimientos sociales y la guardia indígena controló los accesos, como parte de medidas de presión hacia la actual administración, a la que le restan 171 días por mandato constitucional.

Así se superó la crisis con organizaciones indígenas en Bogotá

Tras seis horas de tensión y retención de centenares de empleados públicos, lo que causó indignación colectiva, la mesa de concertación derivó en compromisos concretos. “Se logró asegurar el suministro de agua, alimentación, servicios sanitarios y, lo más importante, un plan de retorno seguro para que las comunidades puedan regresar a sus respectivos territorios”, aseguró Mina Ramos, que precisó los acuerdos logrados para superar el episodio que causó caos.

En materia de tierras, el líder indígena adelantó que con la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se acordó una agenda de visitas técnicas, que empezarán en el fin de semana del sábado 21 de febrero, y que tendrá como finalidad llevar a cabo inventarios y avalúos que permitan la compra de predios demandados. De esta manera, quedó abierta la agenda para la discusión de seguridad, el punto más sensible del pliego de peticiones.

“Este martes se instalará la mesa más sensible, donde participarán los ministerios de Justicia y Defensa, la UNP y el Alto Comisionado para la Paz. El objetivo es frenar el desplazamiento forzado provocado por la guerra entre pandillas y carteles que operan en sus regiones”, puntualizó Mina Ramos sobre el particular, al afirmar que tras este extenso diálogo se retiraron de las instalaciones, al no ser necesaria, según él, “la necesidad de estar en el espacio público”.