
Desde la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, comenzó la recolección de firmas para promover una Asamblea Nacional Constituyente.
El objetivo de esta iniciativa, que fue inscrita formalmente por un grupo de ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y que es respaldada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es impulsar temas como la reforma pensional, la garantía de un salario vital y contrarrestar lo que consideran obstáculos de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado a las transformaciones planteadas por el Ejecutivo.
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Justamente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la propuesta ciudadana y expresó su confianza en que se superen las firmas necesarias para que sea una realidad.
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“Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. En Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, escribió el titular de la cartera laboral en su cuenta de X.

La Registraduría Nacional habilitó a este comité ciudadano promotor el pasado 31 de enero, luego de certificar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar esta iniciativa.
A nivel nacional, la campaña cuenta con un plazo de tres meses (hasta el 30 de abril) para sumar al menos 2.050.000 firmas, cifra equivalente al 5% del censo electoral, para poder avalar formalmente la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
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Diferentes sectores políticos y sociales han cuestionado esta iniciativa, argumentando que la constitución de 1991 sigue vigente y su desarrollo continúa en curso, y acusan al Gobierno de instrumentalizar la convocatoria como parte de una estrategia electoral.
De hecho, por esta estrategia se habia presentado una demanada que declarara la nulidad del proceso.

Niegan demanda contra la Constituyente
No obstante, la sección Quinta del Consejo de Estado decidió rechazar por improcedente la demanda contra la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026, con la que se inscribió el comité promotor de una iniciativa legislativa ciudadana que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
De acuerdo con el auto expedido el 9 de febrero por el alto tribunal, estableció que la inscripción realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil no implica ningún aval sobre el fondo del proyecto constituyente.
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“La inscripción del comité promotor no frena el proceso, sino que apenas lo inicia”, aclaró la corporación, al subrayar que solo estarán sujetos a control judicial los actos que cierren definitivamente un procedimiento.

Según la corporación, “el acto demandado es de mero trámite, no susceptible de ser controlado judicialmente”, porque se limita a constatar aspectos formales: la identificación de los ciudadanos promotores, la designación de un vocero y la presentación del articulado, conforme exige la Ley 1757 de 2015.
El fallo también recalcó que la Registraduría “no avaló ni negó la viabilidad constitucional o legal de la iniciativa”, distanciándose de la interpretación de Josías Fiesco Agudelo, quien impulsó la demanda.
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Este ciudadano, que hoy es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Centro Democrático, alegaba que la resolución abría una vía improcedente para una reforma constitucional cuya competencia, insistía, corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

La inscripción habilita formalmente la etapa de recolección de firmas, cuyos resultados serán verificados por la Registraduría. Por ello, el Consejo de Estado remarcó que este paso “no culmina la actuación administrativa y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo pasible de control judicial”.
Según el auto, si el comité promotor logra reunir el número de firmas exigido dentro del plazo legal, la propuesta avanzará para ser debatida como proyecto de ley ante el Congreso de la República. Si no cumple los requisitos, la iniciativa será archivada de acuerdo con la normativa vigente.
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Con este pronunciamiento, los integrantes del comité promotor —liderados por Armando Custodio Wouriyú— podrán continuar con la búsqueda de apoyos ciudadanos para impulsar el mecanismo de participación.

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