El Fomag estaría siendo ‘desangrado’ con primas irregulares: auditoría detectó consignaciones cuestionables por más de 260.000 millones

Más de 260.437 millones de pesos en pagos presuntamente irregulares habrían salido del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), lo que pondría en jaque la estabilidad financiera de la entidad.

Según una auditoría interna conocida por la revista Cambio, que se adelantó justo con la llegada de Herman Bayona a la vicepresidencia del Fomag, la mayoría de las transferencias corresponderían a giros por la denominada prima de mitad de año, muchos para beneficiarios que presuntamente no cumplen los requisitos legales y, en varios casos, en contradicción con sentencias judiciales en firme.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El análisis se centró en los pagos hechos durante las vigencias 2024 y 2025. De un total de $458.799 millones pagados por concepto de primas adicionales, al menos $260.437 millones figuran como pagos irregulares o sin sustento, según el informe interno.

El hallazgo principal revelado por el medio nacional indica que 10.304 pagos, por $163.924 millones, se realizaron a docentes cuyo estatus pensional se adquirió después del 31 de julio de 2011, fecha límite fijada por la normatividad vigente.

La auditoría identificó como de “máxima gravedad” 4.405 pagos —por $83.082 millones— realizados en contra de decisiones judiciales definitivas, incluso en casos que ya habían sido negados en segunda instancia. A esto se suman 388 pagos por $4.932 millones a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, 185 transferencias por $3.974 millones a personas con mesadas superiores al tope legal y 506 pagos a supuestos fallecidos, que suman $4.281 millones.

Según el informe del Fomag citado por Cambio, los giros a personas muertas podrían deberse a errores en la actualización de las bases de datos. Otros hallazgos cuestionan la legalidad de los procesos mediante los cuales se accedió a estos recursos.

Uno de los protagonistas es el abogado Yovanny López Quintero, que afirma representar al 85% de los docentes involucrados. López ha promovido masivamente estos procesos, utilizando cuñas radiales y redes sociales, al ofrecer a personas pensionadas después de 2012 gestionar el reconocimiento y pago retroactivo de la prima de mitad de año. “Vendrán 50.000 demandas más”, advirtió López al medio nacional.

El abogado defendió la legalidad de los pagos e indicó que los actos administrativos de la Dirección de Prestaciones Económicas del Fomag sirvieron como base para los retroactivos reconocidos en 2025.

Según su interpretación jurídica, la prima de mitad de año sigue estando vigente para el magisterio porque el régimen especial ampara a los docentes y, a su juicio, no les es aplicable, en los mismos términos, el Acto Legislativo 01 de 2005, que limitó dicho beneficio solo a los docentes pensionados hasta 2011 bajo condiciones especiales. López explica que los pagos a personas fallecidas responderían a rezagos en la actualización de datos y no a un esquema ilegal estructurado.

El modelo de demandas de López implica promesas de pago y el cobro de honorarios profesionales a quienes ya han sido beneficiados, así como la adición de nuevos casos bajo el argumento de “igualdad de condiciones”.

Además, fuentes consultadas por Cambio expresan preocupación por una posible relación entre algunos abogados y funcionarios judiciales, así como por eventuales vínculos con el financiamiento de campañas políticas. López niega cualquier injerencia política directa o participación en financiación electoral.

Ante la magnitud del caso, el Gobierno ha adoptado medidas para frenar estos esquemas. El presidente Gustavo Petro denunció en el más reciente Consejo de Ministros la existencia de “anillos de corrupción” en el Fomag, señalando a abogados y magistrados por desviar fondos públicos a través de sentencias obtenidas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Petro advirtió que se trata de un patrón de corrupción reiterado que afecta gravemente al sistema de pensiones del magisterio.

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, informó a la revista que se notificó a la Fiscalía General de la Nación y a los entes de control sobre las posibles irregularidades detectadas.

Bayona advirtió que el Fondo alerta sobre la promoción de demandas por firmas de abogados que, mediante información engañosa, pondrían en riesgo jurídico a los docentes y los expondrían a costos innecesarios.

El contexto legal de la prima de mitad de año se remonta a la Ley 91 de 1989, que otorgó este beneficio a docentes cobijados por dicha normativa. Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó su alcance: la mesada adicional solo aplicaba a quienes se pensionaron antes del 31 de julio de 2011 y siempre que la pensión no superara los tres salarios mínimos. Posteriores decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han reiterado que dicho beneficio no procede para pensionados posteriores a esa fecha.

La investigación sugiere que existe una posible cadena de responsabilidades que incluye a la Fiduprevisora, al poder judicial y a las firmas de abogados, lo que podría acarrear consecuencias legales para numerosos beneficiarios.

Si se demuestran las irregularidades, tanto funcionarios como docentes podrían verse obligados a responder ante la justicia y a reintegrar los recursos recibidos bajo estos mecanismos.