Un grupo de 30 organizaciones articuladas en la Alianza por la Democracia hizo un llamado a las autoridades nacionales para atender las alertas institucionales sobre posibles afectaciones al proceso electoral, en un contexto marcado por informes que advierten riesgos de seguridad, fraude y presiones de actores armados en distintas regiones del país.
Las entidades señalaron que los reportes emitidos por varias autoridades electorales y de derechos humanos coinciden en advertir que el año 2025 estuvo marcado por una situación crítica de orden público y expansión de grupos armados ilegales, lo que podría impedir que las elecciones legislativas y presidenciales se desarrollen de manera pacífica y justa.
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“Las 30 organizaciones firmantes, articuladas en la Alianza por la Democracia, hacemos un llamado al Gobierno colombiano a atender con seriedad y prontitud a las alertas que, sobre el riesgo de violencia política en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, han emitido” dichas instituciones, indica el comunicado conjunto.
Alertas sobre seguridad, violencia y fraude electoral
De acuerdo con un análisis citado por las organizaciones, elaborado de forma conjunta por autoridades electorales y organismos de seguridad, en más de cien municipios la presencia de grupos armados ilegales amenaza de manera grave el desarrollo de las elecciones.
El informe más reciente de la MOE advierte que 339 municipios del país presentan riesgos de violencia que podrían afectar el proceso electoral, lo que equivale a cerca de un tercio del total nacional. Además, en 171 de esos territorios se registra simultáneamente riesgo de violencia y fraude, mientras que 81 municipios se encuentran en nivel extremo.
Por su parte, el informe mundial de 2025 de Human Rights Watch señaló que Colombia experimentó una de las crisis humanitarias más graves de la última década, asociada a abusos de grupos armados, limitaciones en el acceso a la justicia y altos niveles de pobreza, factores que, según la organización, amenazan gravemente el desarrollo de las próximas elecciones.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el impacto de la violencia en el discurso público y la circulación de noticias falsas durante el periodo electoral, elementos que, según las organizaciones firmantes, incrementan los riesgos para la democracia en los meses previos a los comicios.
Hechos de violencia y presión armada en campañas
El comunicado sostiene que la atomización de los grupos armados ilegales y la falta de respuesta estatal frente a su expansión han configurado un escenario en el que la violencia política ya incide en el desarrollo de las campañas.
Entre los hechos mencionados se encuentra el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el año anterior, señalado en el documento como un episodio que marca el contexto electoral actual.
A este caso se suman la destrucción de vallas publicitarias de la campaña de Juan Carlos Pinzón en la región del Catatumbo, luego de que, según medios regionales, el grupo armado ELN anunciara la prohibición de publicidad electoral en esa zona; el atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca; el secuestro de la senadora Aída Quilcué; la situación de orden público en el Catatumbo bajo acciones de ese mismo grupo; y una reciente ola de ataques, amenazas y decretos de toque de queda atribuidos a organizaciones armadas en distintas regiones.
Las organizaciones afirman que estos hechos evidencian que la violencia política ya está influyendo en el curso de las campañas y en las condiciones de participación democrática.
Llamado a una respuesta estatal inmediata
Frente a este panorama, las entidades firmantes consideran que el Gobierno nacional debe actuar de manera inmediata y sistemática para proteger el proceso electoral y garantizar condiciones de seguridad.
“Es inaceptable que la violencia política determine, como en cierta medida ya lo ha hecho, el curso de la democracia colombiana este año, y que la expansión del control territorial de los grupos armados ponga en riesgo la posibilidad misma de que los colombianos ejerzan sus más básicos derechos democráticos”, señala el comunicado.
Las organizaciones sostienen que corresponde al Ejecutivo corregir esta situación y asegurar que las elecciones se desarrollen sin la amenaza de la violencia y la ilegalidad, con garantías de transparencia, libertad y seguridad para votantes, candidatos y autoridades electorales.
El pronunciamiento fue suscrito por entidades como Transparencia por Colombia, la Fundación Foro Nacional por Colombia, AFE – Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, la FLIP – Fundación para la Libertad de Prensa, Congreso Visible, Fundación Corona, Caribe Afirmativo, CGT, Loto de Pachamama, FIP, la Cámara de Comercio de Bogotá, Movilizatorio, el Instituto Anticorrupción, ORÍGEN, Incidir para Existir e Integrados, entre otras.
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