Daniel Palacios, candidato a la presidencia de Colombia, reavivó el debate público sobre el derecho al voto de los miembros activos de la Fuerza Pública al afirmar en X: “En Colombia, hay hombres y mujeres que pasan noches enteras en la selva. Patrullan ríos oscuros, pasan Navidad en trincheras y duermen lejos de sus hijos para que ustedes y yo podamos dormir tranquilos. Protegen las elecciones y garantizan que hasta el último colombiano tenga su derecho al voto. Todos, excepto ellos”.
Palacios enfatizó la contradicción de que “quienes empuñaron las armas contra la democracia hoy hacen política en completa impunidad. Y si hasta los criminales votan e imponen por quién votar, es injusto e inmoral que quienes defienden el país con su vida sean los únicos excluidos”.
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Según el candidato, “votar es un derecho, tal vez el más sagrado de todos. Y ningún policía o soldado de tierra, mar y aire debe estar excluido de esa posibilidad. Tenemos una deuda moral con nuestros héroes. Colombia no puede seguir permitiendo que a ellos se les niegue la posibilidad de ejercer su derecho al voto”.
Las declaraciones de Palacios cobran especial sentido en el contexto de la preparación para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026, día en que los colombianos elegirán el Congreso de la República —Senado y Cámara de Representantes— y participarán en consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales únicas de tres coaliciones.
Estas consultas, que funcionan como primarias y se votan en un tarjetón aparte, anteceden a la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo y, de ser necesario, una segunda vuelta el 21 de junio.
No es la primera vez que la habilitación del voto para militares y policías activos entra en el debate nacional. En septiembre de 2025, el representante José Jaime Uscátegui del Centro Democrático radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que proponía restituir el derecho al voto a los cerca de 450.000 miembros activos de la Fuerza Pública.
La medida, argumentó Uscátegui, buscaba reconocer a estos ciudadanos como plenos participantes en la democracia: “Nuestros héroes de la patria no son ciudadanos de segunda categoría. Si pagan impuestos y defienden la democracia todos los días, también merecen participar en el ejercicio electoral”.
El articulado del proyecto establecía que, en caso de aprobación, tanto el Gobierno Nacional como la Registraduría contarían con un año para reglamentar las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para que policías y militares pudieran votar de manera libre, secreta y sin afectar la disciplina institucional.
La expectativa era que la reforma pudiera estar vigente para las elecciones generales de 2030. Además, se incluyeron limitantes para garantizar la neutralidad: los uniformados no podrían pertenecer a partidos políticos ni ejercer presión sobre sus subalternos respecto a decisiones electorales.
El debate sobre el derecho al voto de la Fuerza Pública no es nuevo en Colombia. Desde 1932, año en que se les retiró este derecho, han sido varios los intentos por restituirlo. Sin embargo, la resistencia institucional y jurídica ha sido constante, fundamentada en la necesidad de preservar la neutralidad y el carácter no deliberante de la institución armada.
La más reciente propuesta de reforma enfrentó una rápida oposición. En octubre de 2025, el Ministerio de Defensa, encabezado por el ministro Pedro Sánchez, rechazó públicamente la iniciativa.
El Ministerio argumentó que los artículos 189, 217, 218 y 219 de la Constitución Política exigen el carácter apartidista y no deliberante de la Fuerza Pública, y prohíben expresamente a sus miembros ejercer el derecho al sufragio mientras estén en servicio activo.
El ministro Sánchez advirtió que permitir este derecho implicaría “desobediencia”, según lo establecido por la ley, y pondría en riesgo la unidad de mando y la confianza pública en la institución.
La cartera de Defensa, además, reiteró que está prohibido cualquier uso de personal, imágenes, uniformes, símbolos o recursos de la Fuerza Pública en campañas políticas o actividades proselitistas, ya que ello comprometería la unidad y la neutralidad institucional.
“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional representan a todos los colombianos. Su carácter apartidista y no deliberante es garantía de imparcialidad, confianza pública y madurez democrática”, puntualizó el Ministerio.