Pusimos la nueva emergencia económica de Petro bajo la lupa: expertos advierten riesgos de un “disfraz tributario”

La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país abrió un nuevo frente de debate nacional.

A diferencia del decreto de emergencia económica anterior —que aún está bajo revisión de la Corte Constitucional— esta vez varios expertos reconocen que el sustento técnico es más sólido. Sin embargo, también alertan sobre posibles excesos en su alcance y en el monto de los recursos solicitados.

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El rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, considera que el decreto tiene una base más evidente que la declaratoria previa. “Tal vez lo primero es que este decreto tiene unas causales quizá más evidentes de un hecho sobreviniente y excepcional, sobre todo por el incremento de las precipitaciones y las afectaciones a más de cien mil familias”, afirmó en entrevista con Infobae.

Para el exministro, la magnitud de las lluvias y el impacto humano permiten justificar la figura excepcional. “Da la sensación de que existe la causal para la declaratoria de emergencia económica”, señaló.

Una diferencia frente a la emergencia anterior

La discusión inevitable es la comparación con la emergencia decretada meses atrás por desastre natural. En esa ocasión, el Gobierno ya contaba con herramientas para redistribuir recursos del presupuesto nacional.

Restrepo plantea una pregunta clave: “¿Por qué el Gobierno, contando con ese instrumento, no ha hecho uso del mismo para atender justamente esta ola invernal?”. A su juicio, la Corte Constitucional deberá evaluar si realmente existía insuficiencia de los mecanismos ordinarios.

Además, advierte que la cifra anunciada por el Ministerio de Hacienda —cercana a los ocho billones de pesos— genera inquietud. “Si lo que anunciara el ministro es cierto, me parece que es una cifra desproporcionada (…) ¿Por qué de un momento para otro saltamos de cero punto cinco a ocho billones de pesos?”, cuestionó.

Esa diferencia presupuestal frente a lo estimado previamente para la ola invernal podría convertirse en uno de los puntos centrales del examen de proporcionalidad que hará la Corte.

Coyuntura versus problemas estructurales

Aunque el presupuesto fáctico del decreto está respaldado por informes técnicos, datos históricos y evidencia de un fenómeno climático atípico, Restrepo advierte una debilidad jurídica: la mezcla entre hechos extraordinarios y problemas estructurales.

“El decreto comete una serie de errores, porque combina unos temas coyunturales (…) con unos temas estructurales”, explicó. Entre estos menciona fallas en el ordenamiento territorial y dificultades del sector energético que “nada tienen que ver con esta historia”.

Desde su perspectiva, esa combinación podría abrir la puerta a cuestionamientos de conexidad. “No vaya y sea que nos estén disfrazando de una emergencia natural, una reforma tributaria”, advirtió. Y agregó: “Sería inaceptable que se utilizase una declaratoria de emergencia económica para disfrazar una reforma tributaria de una emergencia por un desastre natural”.

Aun así, el académico reconoce que la problemática es real y grave. “Más allá del tema político, claramente existe una problemática que tiene que ser abordada”, puntualizó.

El respaldo del sector ganadero

Desde el terreno, la mirada es distinta. El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, expresó su apoyo a la medida durante el puesto de mando unificado instalado para atender la tragedia.

“Creo que en esta ocasión sí (…) una medida de esta naturaleza, si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos (…) vayan a satisfacer las necesidades que se van a requerir en esta zona”, afirmó.

Para el dirigente gremial, la clave está en la ejecución. “Aquí hay un desastre y medidas de esta naturaleza el sector ganadero sí lo apoyaría”, sostuvo, al referirse a las cerca de 300.000 hectáreas que quedaron “en una situación prácticamente improductiva”.

Lafaurie también llamó a involucrar al sistema financiero para enfrentar el impacto integral de la crisis rural.

La Corte Constitucional tendrá ahora la última palabra para determinar si esta nueva emergencia es una respuesta necesaria ante un fenómeno climático excepcional o si, como temen algunos, se está ampliando el alcance de los poderes extraordinarios más allá de lo estrictamente indispensable.