El Ministerio de Hacienda de Colombia declaró una emergencia económica al aprobar un paquete de $8 billones para atender los daños provocados por la temporada de lluvias, sobre todo, en Córdoba. La decisión contempla la creación de un impuesto al patrimonio con tasas del 0,6% para patrimonios desde $10.000 millones y del 1,2% para aquellos superiores a $30.000 millones.
La resolución se produjo luego del rechazo del Congreso de la República de la ley de financiamiento o reforma tributaria, lo que profundizó la presión fiscal del Estado. Según el Ministerio de Hacienda, el nuevo esquema busca dar respuesta a los impactos sociales y económicos de las recientes catástrofes climáticas. Además, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional la primera Emergencia Económica declarada por el Gobierno.
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El ambiente de inquietud es palpable entre los gremios empresariales. Así lo dio a entender el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, que se manifestó unas horas después del anuncio oficial.
“No sabemos realmente en qué se están gastando la plata”, declaró en rueda de prensa al insistir en que “nos están anunciando que eventualmente habría un impuesto al patrimonio a la inversión, un impuesto al patrimonio a la gente y a los colombianos que deciden hacer empresa y a los que deciden capitalizar sus compañías y generar empleo sostenible”. Enfatizó en que el Gobierno “está desaforado por tratar de manejar más plata, por tratar de quitarle plata a los ciudadanos, por tratar de quitarle plata a las empresas colombianas”.
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Esfuerzos parecen desbalanceados
De igual manera, advirtió que, si bien regiones como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Nariño y Sucre requieren recursos urgentes, los esfuerzos parecen desbalanceados. Señaló que Sucre, según la información gremial, no ha sido considerada plenamente en los planes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Un punto de fricción está en la transparencia del uso de los recursos públicos. “Se gastan $5,6 billones en contratos laborales nuevos que son pura burocracia”, denunció Mac Master. El dirigente reclamó una gestión rigurosa y responsable de las finanzas estatales. “Realmente hay una responsabilidad muy grande del Gobierno en manejar bien los recursos de los colombianos”, puntualizó.
Respecto al nuevo tributo, argumentó que gravar patrimonios “es ni más ni menos que un impuesto a la inversión”. Explicó que a los empresarios “les están diciendo: ‘Si usted deja sus recursos en Colombia, si usted invierte sus recursos en Colombia, si usted no se endeuda, sino que trabaja con dinero propio, entonces yo le voy a cobrar un impuesto’. Y eso es lo que le están diciendo al empresario cuando le imponen un impuesto al patrimonio”.
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Medida perjudicial
Al respecto, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, interpretó la medida como perjudicial para la capacidad de atraer y retener capitales productivos. “Es increíble que el Gobierno siga proponiendo irracionalidades”, escribió en X.
De igual forma, cuestionó: ¿A quién se le ocurre gravar la riqueza y la inversión productiva con un impuesto al patrimonio a empresas para seguir espantando la inversión?”. Añadió que la relación de inversión a PIB en la actualidad es la peor en más de 20 años y que la inversión extranjera directa “está en terreno negativo”.
Resaltó que llevan tres años sin cumplir metas de recaudo tributario y se preguntó: “¿Cuál es el ánimo de destruir la empresa privada en Colombia?”. Alertó también sobre los riesgos asociados a la estatización de la economía, al defender que “es con más inversión que aumenta el crecimiento y el empleo”.
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Reacción empresarial y advertencias regionales
Desde el Intergremial Antioquia, que reúne a 35 gremios empresariales, se sumó una respuesta categórica contra el nuevo impuesto. “Manifestamos nuestro rechazo a un nuevo impuesto al patrimonio empresarial en una nueva emergencia económica”, señaló la organización. Remarcó que el sector privado respaldó iniciativas sociales y humanitarias, como en la financiación de unidades de cuidados intensivos durante la pandemia del covid-19, pero enfatizó que “los empresarios no pueden seguir asumiendo las responsabilidades del sector público”.
El gremio advirtió sobre la “asfixia fiscal”, por lo que explicó que cargar a las empresas con nuevas obligaciones tributarias pone en entredicho la capacidad de generar empleo y crecimiento en las regiones. Además, señaló la erosión de la confianza en la administración estatal a raíz de los escándalos de corrupción recientes.
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