Durante el Consejo de Ministros que se desarrolla en Montería, Córdoba, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la activación de la emergencia económica, suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional, permitiría al Gobierno de Gustavo Petro acceder a fondos adicionales, fundamentales para responder a los impactos de recientes inundaciones y daños en varias regiones.
Ante esto, el funcionario calculó que la recuperación de las áreas afectadas requiere “cerca de $8 billones”, una cifra destinada tanto a la atención inmediata como a la reconstrucción.
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A raíz de la suspensión dictada por la Corte el 29 de enero, el Ejecutivo formalizó una petición para que se reconsidere esta decisión. El Gobierno argumenta que la emergencia económica es indispensable para implementar medidas rápidas y obtener los recursos necesarios.
El titular de Hacienda resaltó la urgencia de actuar ante la coyuntura. “El Gobierno no puede paralizarse frente a la actual crisis climática y, por el contrario, debe buscar caminos y alternativas para obtener los recursos adicionales que se requieren para atender esta coyuntura”, afirmó. El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica si persisten los obstáculos legales actuales, aunque las medidas que se adopten deberán diferenciarse de las propuestas en la emergencia suspendida.
En ese escenario alternativo, Ávila indicó que la estrategia central de financiamiento sería la creación de un impuesto al patrimonio con enfoque progresivo, inspirado en experiencias previas de impuestos a la riqueza.
La propuesta del Ministerio de Hacienda contempla que el gravamen para personas jurídicas solo aplique a partir de patrimonios líquidos de 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a unos $10.000 millones. Para 2026, estos patrimonios tributarían a una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT (aproximadamente $30.000 millones) y una tarifa del 1,2% para patrimonios superiores a esa cifra.
Cuántas empresas pagarían el impuesto al patrimonio
Según estimaciones oficiales, la medida abarcaría a unas 15.000 empresas con patrimonios elevados y permitiría recaudar aproximadamente $8 billones de pesos. Ávila aclaró que se protegería a la pequeña y mediana industria, ya que estos sectores quedarían al margen de la nueva carga fiscal. El ministro enfatizó en que “tendremos especial cuidado en no afectar a los sectores empresariales de la pequeña y mediana industria”.
Gustavo Petro también se dirigió a la Sala Plena de la Corte Constitucional para solicitar la reconsideración de la suspensión provisional. Argumentó que “precisamente por respeto a ese control constitucional, y en el marco del diálogo institucional que nos exige la democracia, me permito poner en su consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”.
Petro advirtió que una nueva declaratoria de emergencia abriría “otro frente” jurídico e institucional, lo que obligaría a replantear la carga fiscal y concentrarla en un grupo reducido de contribuyentes con mayores ingresos.
Plan B del Gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la iniciativa y confirmó que el llamado “plan B” del Gobierno consiste en gestionar una nueva declaratoria de emergencia económica como vía para garantizar los fondos necesarios y dar respuesta a lo que calificó como una situación excepcional.
Durante su exposición, Ávila abordó también los antecedentes fiscales que llevaron al país a la situación actual. Señaló que la decisión del anterior Gobierno de no incrementar el precio de la gasolina generó una brecha entre el valor internacional y el interno, acumulando una deuda en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) cercana a $79 billones de pesos en los últimos tres años. “Ese acumulado de brechas establecidas en el Fepc le generó un hueco fiscal al presupuesto de cerca de $79 billones en los últimos tres años”, puntualizó Ávila.
Además, recordó los esfuerzos fiscales hechos para hacer frente a los costos derivados de la pandemia y el endeudamiento por medio de la llamada línea de crédito flexible, que representó compromisos adicionales por $25 billones en los últimos dos años. A esto se suma la reciente aprobación de un presupuesto nacional por $546 billones para 2026, cifra que, según Ávila, requirió un recorte inicial de $10 billones respecto a la propuesta original.
Financiación del presupuesto
A pesar del ajuste, la financiación del presupuesto depende de ingresos tributarios calculados en $16,3 billones. El Congreso, en una decisión que el ministro calificó como contraria al debate razonable, rechazó la ley de financiamiento asociada al presupuesto, lo que incrementó la presión fiscal sobre el Estado. “El Congreso y unos pocos congresistas, algunos de ellos de esta región, decidieron hundir la ley de financiamiento y generar una mayor presión fiscal sobre la situación del país”, denunció.
El funcionario también recordó que una decisión similar del Congreso en un ejercicio anterior dejó sin aprobar recursos por $12 billones. De acuerdo con el ministro, la suma de estos factores obliga al Gobierno a buscar mecanismos extraordinarios para cumplir con los compromisos del Estado y hacer frente a los desafíos actuales.
Ávila concluyó que la estrategia del Ejecutivo se concentra en establecer una vía de financiación sólida y ajustada al contexto excepcional que vive el país. “Este mecanismo constituye la estrategia de financiación y de respuesta del Gobierno frente a las actuales demandas de recursos”, señaló. El ministro manifestó su expectativa de que la Corte Constitucional sea coherente con la realidad nacional y permita la adopción de medidas extraordinarias para mitigar la crisis.