La delegación de Colombia destacó en el Congreso Latinoamericano de Derecho Penal, Derecho Procesal y Seguridad Ciudadana realizado en Perú, donde expertos del país expusieron propuestas para fortalecer el sistema judicial regional.
Entre los participantes, los abogados penalistas de Legalpro y una psicóloga forense de Psicología Jurimental presentaron reflexiones sobre el debido proceso, la gestión de pruebas y la protección de derechos en casos de crimen organizado. El evento reunió a más de dieciséis países con la presencia de especialistas de Europa, Estados Unidos y América Latina.
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El equipo colombiano estuvo integrado por Juan José Roldán Álvarez,, Rogelio Roldán Álvarez, Rogelio Roldán Tabares —jefe de investigación del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas (CLI)–, David Sinitave Sucerquia y Valentina Monsalve García, psicóloga forense. Cada uno abordó temáticas de relevancia para la justicia penal, desde el análisis del crimen organizado hasta la importancia de la evidencia científica y la carga probatoria en los procesos judiciales.
Durante su balance, Juan José Roldán Álvarez subrayó la necesidad de avanzar hacia un código de reglas de la evidencia que permita un manejo más riguroso y transparente de las pruebas en los juicios penales. “El filtro para el ingreso de pruebas al proceso penal y el tratamiento del testigo protegido, del agente encubierto y del testigo denominado soplón requieren una corroboración real y verificable”, expuso Roldán, quien enfatizó la urgencia de ajustar el estándar probatorio para evitar condenas basadas en percepciones más que en certezas.
De acuerdo con el abogado, uno de los temas transversales en el congreso fue la preocupación por el alto índice de personas privadas de la libertad y la tendencia a utilizar la prisión preventiva como mecanismo habitual, fenómeno visible en Colombia, donde el número de personas en detención preventiva supera al de condenados. “La sobreacumulación bajo el postulado de prisión preventiva responde a una política criminal de emergencia que sacrifica la libertad en nombre de la seguridad, lo que termina erosionando las garantías fundamentales”, señaló Roldán Álvarez.
En ese sentido, Rogelio Roldán Álvarez presentó una ponencia sobre el debido proceso como límite al poder punitivo del Estado. El especialista remarcó que la defensa debe contar con garantías efectivas y que el respeto al debido proceso es el último recurso para contener los excesos estatales.
Según Roldán, el sistema judicial enfrenta el desafío de mantener el equilibrio entre la eficiencia en la persecución criminal y la protección de los derechos de los acusados.
La intervención de Valentina Monsalve García abordó el papel del psicólogo forense en el proceso penal, destacando la importancia de la evaluación científica y metodológica en la administración de justicia. Monsalve subrayó que las sentencias deben apoyarse en conocimientos técnicos y pruebas objetivas, evitando que el criterio del juez se base únicamente en apreciaciones subjetivas. “El análisis de los sesgos de confirmación y cognitivos revela que estos pueden incidir en sentencias condenatorias apoyadas en una crítica institucional que deja de ser sana y se convierte en corazonada”, explicó la psicóloga forense.
Por su parte, David Sinitave Sucerquia centró su exposición en el estándar probatorio y la carga de la prueba en los procesos penales. El abogado recalcó que “la carga de la prueba siempre debe recaer en la fiscalía, como responsable de activar el poder punitivo del Estado”. La delegación colombiana coincidió en que el fortalecimiento de la formación judicial y la adopción de metodologías rigurosas son elementos imprescindibles para garantizar una justicia efectiva.
El encuentro incluyó un análisis comparativo sobre la política criminal de El Salvador y la llamada política criminal de emergencia, que, según los expositores, prioriza la reacción inmediata sobre la construcción de soluciones estructurales. Roldán Álvarez expresó que “la seguridad ciudadana no se logra con más cárceles, más policías o aumentando las penas, sino con una administración de justicia que funcione y operadores judiciales altamente capacitados”.
Durante el congreso, los representantes de Colombia enfatizaron la necesidad de evitar el populismo punitivo y abogaron por un enfoque científico en la valoración de pruebas y la toma de decisiones judiciales. El evento reunió a más de cuarenta y cinco ponentes, consolidándose como una plataforma para el debate académico en torno a la justicia penal en América Latina.
“Un Estado que sacrifica sus propias reglas se convierte en más delincuente que el criminal que persigue”, concluyó Juan José Roldán Álvarez durante su intervención, haciendo un llamado a fortalecer el sistema judicial a través de la formación y el respeto a los principios constitucionales.