En los últimos meses, a nivel nacional se han mencionado dos temas respecto a la situación que se registra en Medellín, Antioquia, una de las ciudades más importantes en Colombia.
El primero es todo lo relacionado con la Paz Urbana, un proyecto en el que el Gobierno nacional negocia con voceros de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, que ha recibido varias críticas por las “libertades” que reciben los representantes que están recluidos en la cárcel de Itagüí.
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El segundo tema está relacionado con la polémica que se generó en torno a las aplicaciones de hospedaje antes de los conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, que volvió a dejar en evidencia la gentrificación que se vive en Medellín.
Cabe recordar que el término gentrificación es utilizado para hablar del desplazamiento de una población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo.
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Los testimonios de la ciudadanía sobre la actualidad en Medellín
En diálogo con Infobae Colombia, trabajadores de la capital antioqueña (taxistas, comerciantes y otras profesiones del común) hablaron sobre lo que viven en el día a día en Medellín.
Respecto a las problemáticas que han surgido en torno a la gentrificación, el precio de los arriendos fue el más repetido por los entrevistados, que optaron por no mencionar su identidad, asegurando que la convivencia en los barrios populares es “bien difícil”. Una mujer mencionó que ella fue víctima de los precios elevados que hay en la ciudad, puesto que pasó de pagar dos millones de pesos al mes a tener que abonar alrededor de tres millones por un espacio de menor tamaño.
“Me pidieron de la nada, yo llevaba varios años ahí y me pidieron. Yo conseguí un arriendo ahí mismo por más plata y un lugar más pequeño. Ahora, donde yo vivía, está alquilado para temas turísticos; le sacan más dinero y por menos tiempo”, narró la trabajadora.
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De la misma forma, argumentó que el costo de vida en la capital antioqueña ha incrementado en los últimos años, lo que ha llevado a que varios de sus seres queridos opten por tener empleos informales.
“El mínimo no alcanza, subió a dos millones, pero no alcanza. Acá la gente prefiere trabajar vendiendo cosas, en cosas informales que puedan sacar más. Una familia con un mínimo no paga arriendo en la mayoría de barrios de Medellín”.
Otro testimonio que llamó la atención fue el de un grupo de trabajadores que afirmaron que, con las negociaciones con voceros de las estructuras armadas de la región, el control de los barrios populares ha vuelto a ser retomado por los criminales.
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“Ellos hablan en Itagüí, pero es una realidad que esos mismos son los que mandan en los barrios, los que dicen quién puede entrar y quién no. Por eso mismo ha bajado el tema de robos y esas cosas; los jóvenes están avisados de que no pueden hacer eso o hay consecuencias”.
En ese sentido, un residente del barrio La Floresta, en la comuna 13 de Medellín, mencionó que se ha visto afectado de varias formas, algunas hasta difíciles de creer, puesto que aseguró que ha tenido que “contrabandear” arepas en su casa.
“A mí me gusta una marca de arepas, pero al barrio ya no llegan; el carro dejó de ir porque no quisieron pagar vacuna. Ahora que me toca, me toca comprarla en otros lados y llevarlas a la casa; estoy metiendo arepas de contrabando a mi barrio, ¿cuándo se había visto eso?”, mencionó el trabajador.
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Como conclusión, los entrevistados mencionaron que algo que ha disgustado del proyecto de la Paz Urbana en la región es que no se ha difundido nada a la ciudadanía respecto a los acuerdos concretados.
“Ellos salen a hablar de que es por el bien de nosotros, pero a nosotros nadie nos habla, nadie nos pregunta; es el bien de lo que ellos asumen. Acá nadie de los políticos que hacen eso ha venido a preguntarnos cómo vivimos”.
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