La reciente liberación de presuntos sicarios de la banda Los Flacos, que habían sido capturados en un operativo en el municipio de El Águila, Valle del Cauca, ha desencadenado una oleada de preguntas sobre la eficacia del sistema judicial y la lucha contra el crimen en la región.
Aunque la acción policial permitió la incautación de un arsenal de armas, municiones y estupefacientes, la decisión judicial de no imponer medidas de aseguramiento sobre los capturados pone en entredicho la capacidad de las autoridades para frenar la violencia, sobre todo considerando que estos individuos están supuestamente vinculados con homicidios recientes, incluidos los de dos adolescentes en la vereda La Diamantina, del municipio de Ansermanuevo.
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En el desarrollo del caso, la Policía reportó la detención de seis adultos y un adolescente, todos señalados como integrantes de la estructura criminal Los Flacos.
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Estos sujetos eran investigados por su presunta participación en asesinatos perpetrados en el norte del departamento, una zona marcada por disputas territoriales entre organizaciones dedicadas al microtráfico.
La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle del Cauca, explicó al medio Caracol Radio: “Se les encontraron varias armas de fuego, estupefacientes en varias dosis, celulares y otros elementos probatorios que nos permiten inferir que hacían parte de la estructura delincuencial Los Flacos en disputa por el control territorial por microtráfico con el grupo delincuencial Nueva Generación.”
A pesar de que la acción fue presentada como un resultado positivo en la lucha contra la criminalidad en el Valle del Cauca y la Fiscalía expuso sus argumentos en el proceso, persiste la incertidumbre sobre las razones específicas que llevaron a la jueza del caso a ordenar la libertad de los capturados.
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Según información consultada por el medio de comunicación, no se conocen los detalles jurídicos de la decisión, lo que ha generado desconcierto entre la opinión pública, especialmente en comunidades directamente afectadas por los hechos violentos.
Además de las aprehensiones, el operativo dejó relevantes incautaciones: las autoridades decomisaron varias armas de fuego, dosis de estupefacientes y otros elementos que consideran pruebas clave en la disputa territorial entre Los Flacos y el grupo criminal Nueva Generación, cuyo enfrentamiento ha intensificado las muertes violentas en la zona norte del Valle del Cauca.
Capturado “Marco Pérez”, cuarto al mando de Los Satanás dedicado a la extorsión y el homicidio en Bogotá y Soacha
La captura de alias Marco Pérez, identificado como el cuarto al mando de la estructura criminal Los Satanás, representa un avance relevante en la lucha contra la extorsión y los homicidios que afectan a Soacha y Bogotá.
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Este operativo, resultado de un mes de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la administración de Soacha, permitió no solo la detención de este cabecilla, también la incautación de una serie de elementos que fortalecen las pesquisas sobre la organización.
Durante la operación, las autoridades decomisaron una granada calibre 40 mm, municiones, panfletos, celulares, tarjetas SIM y piezas de una motocicleta reportada como robada. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Pérez, informó que estos hallazgos aportan datos clave para comprender el funcionamiento interno y las actividades ilícitas de la banda.
Las investigaciones señalan que “Marco Pérez” ejercía el control de las finanzas de Los Satanás, coordinando la recolección de extorsiones a través de mensajes de WhatsApp. Su blanco principal eran comerciantes, taxistas y encargados de parqueaderos en la zona, a quienes exigía pagos bajo amenazas.
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Tras su detención, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, que dictó medida de aseguramiento intramural mientras enfrenta cargos por extorsión, porte ilegal de armas y receptación.
Este golpe se suma a otras siete operaciones previas contra la organización, que han dejado un total de 24 capturados en las últimas semanas. Las autoridades buscan desmantelar la red de violencia y coerción que ha puesto en jaque la seguridad regional.