Gobernador de Bolívar insta a Petro a incluir al departamento en la nueva emergencia económica y ambiental: " No vuelva a ser egoísta"

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que su departamento sea incluido en una eventual nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, ante la grave crisis humanitaria y ambiental provocada por las inundaciones que afectan a varias regiones del país.

El pronunciamiento del mandatario departamental se dio luego de que el presidente Petro advirtiera sobre la inminente llegada de un segundo frente frío ártico, fenómeno que podría agravar las emergencias ya existentes en el Caribe colombiano y extender sus efectos a otras zonas del país.

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Según Arana, Bolívar enfrenta una situación crítica que ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales y requiere apoyo urgente del Gobierno central.

“Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar. Tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia. Necesitamos su ayuda”, afirmó el gobernador, al advertir que miles de familias han visto destruidas sus viviendas y medios de subsistencia por el desbordamiento de ríos y la saturación de suelos.

Las declaraciones de Arana se producen en un contexto de alta tensión institucional, luego de que la Corte Constitucional suspendiera de manera provisional el Decreto 1390, expedido en diciembre de 2025.

Con esa norma, el Gobierno nacional buscaba declarar un estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días, con el fin de enfrentar un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos y atender de forma extraordinaria múltiples crisis sociales y climáticas.

Sin embargo, el alto tribunal frenó la medida al considerar que existían dudas sobre el carácter “sobreviniente” de la emergencia alegada por el Ejecutivo.

Mientras el debate jurídico avanza, las consecuencias del invierno continúan golpeando con fuerza a la región Caribe.

De acuerdo con cifras oficiales, las inundaciones han afectado a más de 300.000 personas, destruido cerca de nueve mil viviendas y anegado más de 35.000 hectáreas en departamentos como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estima que al menos 52.000 familias se encuentran damnificadas por los efectos directos de las lluvias.

Durante el último Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Petro defendió la urgencia de levantar la suspensión del decreto y solicitó formalmente a la Corte Constitucional reconsiderar su decisión.

En su intervención, el mandatario advirtió que el país podría enfrentar un nuevo escenario crítico si se confirma la llegada de un segundo frente frío, lo que obligaría a una nueva declaratoria de emergencia no solo en el Caribe, sino a nivel nacional.

En ese mismo espacio, el jefe de Estado ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos vigilar el manejo de los embalses y sancionar posibles maniobras especulativas en las tarifas energéticas, al considerar que una gestión deficiente de las hidroeléctricas ha contribuido a agravar los daños ocasionados por las lluvias.

Petro reiteró sus críticas a la Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada en Montería, al afirmar que “nunca se debió construir”, y recordó las advertencias realizadas en su momento por el líder indígena Kimy Pernía Domicó, asesinado por paramilitares, sobre los impactos ambientales del proyecto.

La Ungrd también le recomendó formalmente al presidente Petro declarar una emergencia económica, social y ambiental, tras el avance sostenido del frente frío que afecta al país desde finales de enero.

Según la entidad, la intensidad y persistencia de las lluvias durante 2025 y 2026 superan los promedios históricos, incluso sin la influencia directa del fenómeno de La Niña, lo que ha desbordado la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, realizada en la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd, se alertó sobre un aumento inusual de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

Las cifras oficiales dan cuenta de 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con cerca de 43.900 familias damnificadas. Córdoba es el departamento más afectado, con más de 33.000 familias perjudicadas, seguido por Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño.

Ante este panorama, las autoridades han reforzado la logística humanitaria con la entrega de 13.000 kits de ayuda, complementados con 10 toneladas adicionales de suministros. En regiones como Casanare y Putumayo ya se han distribuido más de 2.500 kits para la atención inmediata de los afectados.