La discusión sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia volvió a ponerse sobre la mesa esta semana, no solo por el alcance de sus decisiones judiciales, sino por la forma en la que administró los recursos públicos en un contexto de estrechez fiscal. En ese escenario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó el 6 de febrero su rendición de cuentas de 2025, un año que marcó hitos tanto en resultados judiciales como en ejecución presupuestal.
Más allá de las cifras frías, el balance dejó un dato que no pasó desapercibido, puesto que la JEP se ubicó como la entidad del sector justicia con el mayor nivel de ejecución presupuestal del país durante 2025. De acuerdo con los análisis del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, la jurisdicción alcanzó un cumplimiento del 99,3% de los recursos asignados, una cifra poco común dentro del Presupuesto General de la Nación.
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Durante ese año, la JEP recibió $777.069 millones, lo que representó un incremento cercano a $105.000 millones frente a los recursos con los que contó en 2024. Del total, $588.211 millones se destinaron a gastos de funcionamiento y $188.858 millones a proyectos de inversión. Según las auditorías oficiales, el dinero fue ejecutado casi en su totalidad y conforme a los marcos legales vigentes.
El buen desempeño no solo se reflejó en porcentajes. El Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda ubicó al Sistema Integral para la Paz —del que hace parte la JEP— como el de mayor nivel de ejecución entre los 32 sectores del presupuesto nacional. A su vez, el informe anual de la Contraloría concluyó que el uso de los recursos estuvo ajustado “a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia”.
Desde la JEP señalaron que el impacto del presupuesto no se mide únicamente en balances contables. Con los recursos asignados en 2025, la jurisdicción aseguró “garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivo de los procesos judiciales”. Ese objetivo se tradujo en la representación judicial de 6.555 víctimas, la acreditación de 2.063 víctimas individuales y 55 sujetos colectivos, además de 99 jornadas de acreditación en distintas regiones del país.
La actividad judicial también se intensificó. A lo largo del año se realizaron más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de comparecientes, cifras que reflejan el ritmo de trabajo de una jurisdicción que avanza en múltiples frentes al mismo tiempo.
En el componente humanitario, uno de los más sensibles, la JEP ordenó 44 exhumaciones con el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd). Estas acciones permitieron la entrega digna de los restos de 147 víctimas del conflicto armado interno. A esto se sumaron 363 actividades de participación ciudadana, como parte del mandato de verdad, búsqueda y centralidad de las víctimas establecido en el Acuerdo de Paz.
Por primera vez desde su creación, la JEP emitió sentencias restaurativas contra máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado, decisiones que redefinieron su papel dentro del sistema judicial colombiano.
La primera sentencia se conoció el 16 de septiembre, cuando el Tribunal para la Paz sancionó a siete exintegrantes del último secretariado de las Farc con ocho años de restricciones de derechos y libertades, además de trabajos y actividades restaurativas, por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Aunque fue una decisión histórica, aún no está en firme debido a las apelaciones presentadas tanto por víctimas como por los excombatientes.
Dos días después, la JEP profirió su segunda sentencia restaurativa contra 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar, responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, cometidas contra víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes en Cesar y La Guajira. Este proceso derivó posteriormente en una condena ordinaria, el Tribunal para la Paz sentenció a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del batallón, tras ser vencido en juicio por el asesinato de 72 civiles.
Para la Contraloría General de la República, estos avances judiciales están directamente relacionados con una gestión adecuada de los recursos públicos. En su auditoría de 2025 no encontró hallazgos administrativos, fiscales ni penales y destacó que los resultados reflejan una gestión conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia. El informe también señaló que la JEP alcanzó un reconocimiento de verdad del 91,46%, tras analizar más de 2,3 millones de hechos y recibir más de 2.000 versiones.
Pese al balance positivo, 2026 se perfila como un año desafiante. La JEP contará con un presupuesto menor, de $744.659 millones, y deberá continuar emitiendo sanciones restaurativas, avanzar en juicios adversariales y cerrar imputaciones en sus 11 macrocasos, todo bajo el escrutinio permanente de las víctimas y la opinión pública.