La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta actualmente limitaciones financieras que, según su presidente Alejandro Ramelli, se deben a que el Gobierno nacional ha entregado menos de la mitad de los recursos proyectados para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.
El costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y decisiones judiciales asciende a $120.000 millones, pero hasta ahora el Gobierno solo ha garantizado $50.000 millones. “El balance, digamos, estamos como a mitad de camino (...) Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”, expuso Ramelli.
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El presidente de la JEP insistió en la necesidad de contar con la financiación completa para cubrir no solo las sentencias vigentes, sino todas las futuras obligaciones derivadas de fallos judiciales.
“Quiero insistir en ese llamado a que el Gobierno nacional también apoye económicamente la búsqueda en las cumbres”, expresó, y agregó que la búsqueda de personas desaparecidas en las zonas montañosas Antioquia, hasta ahora, únicamente dispone de apoyo económico proveniente de la Alcaldía de Medellín.
Además, enfatizó que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional.
Indicó que estos recursos están previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de aportes que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.
Actualmente, la JEP no recibe recursos de Estados Unidos debido a recortes realizados en años anteriores, aunque mantiene disposición al diálogo internacional si la cooperación se restablece.
Ramelli reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria y que el cumplimiento total de las sentencias depende directamente del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
Durante el Diálogo de Rendición de Cuentas 2025, Ramelli abordó también las propuestas de cierre o modificaciones a la JEP en el contexto de las elecciones presidenciales y legislativas.
Invitó a un debate profundo y responsable, poniendo en el centro los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y los compromisos internacionales de Colombia. En ese espacio, afirmó que “acabar la JEP es arrasar con la esperanza de reconciliación y dejar sin respuesta a miles de víctimas”.
Ramelli destacó que la JEP ha avanzado gracias a los 11 macrocasos abiertos por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en los que se ha imputado a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado colombiano.
El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, señaló que en menos de ocho años se han logrado casi seis veces más imputaciones que la suma de las realizadas en varios tribunales internacionales, alcanzando 307 personas imputadas o acusadas, lo que equivale a 3,8 veces el promedio de acusados en otros sistemas de juzgamiento internacional, y en un tiempo que representa 57% menos que el promedio de esos tribunales.
Por su parte, Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), resaltó que las primeras tres sentencias de la JEP otorgan verdad, justicia y reconocimiento a las víctimas, enfatizando la centralidad de estas en el proceso de paz.
De otro lado, en uno de los conversatorios del evento, los magistrados Mauricio García y Pedro Mahecha explicaron que las amnistías concedidas por la JEP no son automáticas ni definitivas, y se otorgan solo bajo condiciones estrictas para conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.
El incumplimiento de esas obligaciones puede llevar a la expulsión del sistema, y crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiados.
Entre 2018 y 2024, la Sala de Amnistía e Indulto concedió 970 amnistías y negó 197. Solo en el último año, se concedieron 160 y se negó una. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha resuelto la situación jurídica de más de 11.700 comparecientes, con 474 renuncias a la persecución penal, 106 preclusiones de investigación, nueve extinciones de la acción penal, una cesación del procedimiento y 19 expulsiones por incumplimiento del régimen de condicionalidad.
García recordó que la JEP opera bajo los lineamientos del Estatuto de Roma y la Convención Americana de Derechos Humanos, y que su mandato es investigar, juzgar y sancionar con énfasis en los máximos responsables.
Más del 90% de los comparecientes son considerados partícipes no determinantes, y a ellos se les exige verdad exhaustiva, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Cerca de 3.200 personas han sido rechazadas o inadmitidas, mientras que unas 600 han obtenido solución jurídica no sancionatoria, principalmente mediante la renuncia a la persecución penal.