La extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, en la madrugada del 3 de febrero, generó un refuerzo inmediato de la seguridad en Tuluá, ante el riesgo de represalias y disputas internas dentro de la banda criminal conocida como La Inmaculada, también llamada la Oficina de Tuluá.
La medida se enmarca en un plan de intervención vigente desde 2025, coordinado por la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Tuluá, la Policía Nacional y el Ejército, con patrullajes reforzados, controles en puntos estratégicos y operativos preventivos en distintos barrios del municipio.
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El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, afirmó que el despliegue institucional se reforzará especialmente durante los días críticos tras la salida de Pipe Tuluá: “Todos los refuerzos institucionales estarán presentes en el municipio y las intervenciones en cada zona se van a redoblar en estos días que vienen”, dijo.
Con la salida de su máximo líder, el principal interrogante para las autoridades es quién asumirá el control de La Inmaculada. De acuerdo con Caracol Radio, los hermanos de Pipe Tuluá, Edison Marín Silva, alias Care Vieja, y Mauricio Marín Silva, alias Nacho o La N, serían los principales sucesores.
Ambos permanecen privados de la libertad, pero ya ejercían funciones como segundos al mando, coordinando operaciones desde centros penitenciarios. Sin embargo, la Policía advierte que la sucesión no está exenta de tensiones internas, ya que otros jefes territoriales de la organización podrían disputar el liderazgo.
La Inmaculada surgió en 2012, derivada de los antiguos Los Rastrojos, bajo la conducción inicial de Óscar Darío Restrepo, alias Porrón. Pipe Tuluá, en ese momento jefe de finanzas, asumió progresivamente el control tras la captura de Porrón en 2015, primero liderando el componente de sicariato conocido como Los Sayayines y luego la totalidad de la banda.
Desde entonces, la organización se expandió mediante microbandas satélite, incluyendo Los Canosos, Los Cucos, La Avenida Cali, La 30, Los Viejos, Las Sombras, Leviatán y Los Séptimos, desarticuladas entre 2017 y 2021.
El esquema operativo más reciente de La Inmaculada se basa en un modelo de “outsourcing criminal”, tercerizando delitos como sicariato, microtráfico, extorsión y hurto a estructuras independientes bajo una jefatura central.
Los homicidios han funcionado como un mecanismo de intimidación para controlar la economía criminal local, incluyendo la venta de drogas, la extorsión al comercio, el monopolio de productos básicos y el hurto de motocicletas en Tuluá.
Además de los hermanos de Pipe Tuluá, otros líderes mantienen control en distintos barrios, como El Enano, El Zarco, El Muñeco y El Ruso. Según las autoridades, estos jefes coordinan extorsión, sicariato y control territorial, lo que podría generar fricciones durante la transición de poder, según el medio citado.
La incertidumbre sobre la sucesión aumenta la preocupación por eventuales enfrentamientos internos que afecten la seguridad ciudadana.
La Policía Valle, en su reciente cartel de los más buscados de Tuluá, incluye a Yazmani Paloma Escobar y Luis Alejandro Tangarife, con recompensas de hasta 50 millones de pesos, y a Jaiver Yesid Granados y Juan José Blandón, alias Pollo, con recompensas de hasta 20 millones.
La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, señaló que en las últimas semanas se desmantelaron 20 microbandas que operaban bajo las órdenes de La Inmaculada, fortaleciendo el cerco sobre la estructura financiera y operativa de la organización.
Paralelamente, las autoridades investigan la participación de menores de edad, entre 12 y 17 años, en actividades delictivas de la banda, un fenómeno que aumenta el riesgo de violencia juvenil en el municipio.
Frente a este panorama, las autoridades han reiterado la importancia de la denuncia ciudadana como eje de la estrategia de seguridad: “En la estrategia de seguridad en el Valle del Cauca, denunciar sí paga”, enfatizó Guillermo Londoño.
La combinación de vigilancia reforzada, operativos preventivos y seguimiento de los movimientos internos de La Inmaculada busca prevenir represalias tras la extradición de Pipe Tuluá.