La adquisición total de Movistar por parte de Tigo, que inicia oficialmente el miércoles 4 de febrero, marca el inicio de un proceso de integración empresarial que transformará de fondo el panorama de las telecomunicaciones en Colombia.
La operación, valorada en aproximadamente USD 400 millones, desemboca en la desaparición de Movistar como actor independiente en el país y sitúa al nuevo grupo como uno de los dos competidores dominantes, junto con Claro, dentro de un mercado que hasta ahora contaba con tres grandes operadores móviles.
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La reorganización, según los datos revelados recientemente y atribuidos por Noticias Caracol, ya comenzó al interior de las empresas, con reubicación de sedes y cambios en la dirección administrativa.
Entre las novedades más inmediatas para el sector destaca la reducción de competidores de tres a dos grandes bloques, un hecho que reconfigura las dinámicas de precios y cobertura.
El directivo Alfonso Gómez (Telefónica) y el CEO saliente Fabián Hernández fueron los encargados de comunicar la transición en una reunión de alto nivel, confirmando no solo el traslado de los equipos de Tigo al edificio de Telefónica, sino la salida de Hernández para asumir responsabilidades continentales dentro del grupo.
Con esta integración, tanto Tigo como Movistar buscan unir esfuerzos para ofrecer una red 5G más sólida y una combinación ampliada de servicios integrados, que incluirán telefonía móvil, internet y soluciones para el hogar.
En relación con los clientes de Movistar, la operación no supone modificaciones contractuales automáticas ni cambios inmediatos en los servicios.
Desde el 4 de febrero, la transición es esencialmente operativa y administrativa: la marca Movistar seguirá activa de cara al público y los usuarios disfrutarán de exactamente las mismas condiciones que tenían previo al traspaso, según informaron los directivos en la comunicación interna citada por el medio citado.
Los contratos, precios y métodos de pago permanecen intactos, sin intervención unilateral ni trámite alguno requerido por parte de los usuarios. La facturación y los canales de atención se mantienen sin alteración, así como la continuidad normal de los servicios móviles, de internet y de televisión.
Cualquier eventual ajuste futuro deberá producirse gradualmente, con notificación previa y dentro de los márgenes regulatorios establecidos.
La consolidación responde a una serie de estrategias financieras que se han venido desplegando durante meses. Por un lado, la autorización previa del Concejo de Medellín para la venta de la participación de UNE abrió el camino para destrabar el control accionario de Tigo.
De forma paralela, Telefónica avanzó en su política de optimización de activos latinoamericanos, apostando por una alianza capaz de enfrentar a gigantes como Claro.
Un elemento clave todavía pendiente de cierre es la venta de la participación que el Estado colombiano conserva en la operación. Según el decreto publicado el 30 de diciembre de 2025, el Gobierno fijó el precio de las acciones en $772 cada una, generando una expectativa de ingreso fiscal de al menos 855 mil millones de pesos.
Por ahora, el destino de estos fondos permanece abierto al debate: algunos sectores proponen destinarlos a cerrar la brecha digital, mientras otros sugieren que se orienten al presupuesto nacional.
A nivel interno, los cambios incluyen la unificación de áreas técnicas y administrativas y la integración de plataformas y redes, así como la reorganización de sedes físicas en diversas ciudades y la eliminación de duplicidades de cargos y procesos.
El objetivo, según los portavoces de ambas compañías, es reducir costos, incrementar la eficiencia y robustecer la capacidad de inversión frente a las exigencias del actual mercado.
Para los usuarios finales, la promesa central es el despliegue acelerado de una red 5G robusta que aproveche la infraestructura combinada. La empresa proyecta el desarrollo de paquetes convergentes más agresivos, fusionando servicios móviles, de internet y de televisión bajo una sola oferta comercial, lo que podría transformar el modo en que los hogares colombianos acceden a la conectividad.
En cuanto a la cobertura, cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) muestran que, hasta el cierre del tercer trimestre de 2025, solo Claro garantiza una red 4G en el 100% de las cabeceras municipales del país, incluyendo zonas apartadas como la Amazonía y el Pacífico.
Mientras tanto, UNE EPM Telecomunicaciones, la empresa detrás de Tigo Colombia, mantiene su alcance en el territorio nacional a través de alianzas con filiales como Colombia Móvil, Edatel y Orbitel, supliendo servicios para más del 70% de la población urbana en 767 municipios de los 32 departamentos del país, según información corporativa consultada en la misma página de Tigo.
Paralelamente, la integración obliga a los demás jugadores del sector a replantear sus estrategias, en un entorno que, sin aumentar en número de oferentes, incrementa el tamaño y la capacidad tecnológica y financiera de los actores que subsisten. La fase que se inaugura a partir de este miércoles no implica de inmediato migraciones de usuarios ni cambios abruptos, pero sí sienta las bases para un nuevo esquema competitivo en Colombia.