El robo de una alcancía solidaria destinada a perros en condición de calle provocó un fuerte rechazo en la comunidad de Tunja (Boyacá).
El hecho ocurrió en un camión de comida al norte de la ciudad, donde personas no identificadas sustrajeron el recipiente con donaciones voluntarias para animales sin hogar.
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Las cámaras de seguridad del local captaron el momento del hurto. Más tarde, el video circuló por redes sociales y generó una ola de indignación entre los usuarios, quienes exigieron identificar a los responsables.
El incidente cobró aún más relevancia porque los fondos robados estaban destinados a cubrir necesidades básicas de perros vulnerables, como comida, medicamentos y tratamientos veterinarios.
En medio de la polémica, la comunidad Los Chicos del Barrio Tunja publicó un comunicado para aclarar la situación. Según el mensaje, “Como comunidad dedicada a ayudar a los perritos en condición de calle, nuestro objetivo es ayudar, no generar daño”.
En el mismo texto, informaron que el dinero sustraído fue recuperado y agradecieron el respaldo recibido: “Agradecemos a la ciudadanía el apoyo durante los días posteriores al hecho”.
El colectivo pidió enfáticamente detener los discursos agresivos y las amenazas dirigidas a la persona implicada y su familia. Insistieron en que “el apoyo a causas solidarias debe darse desde el respeto y la convivencia, sin promover señalamientos ni linchamientos digitales”.
En el mensaje final, la Universidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su “compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar colectivo”.
El impacto de un robo como este va más allá de la pérdida económica. La desaparición de estos recursos puede afectar directamente la alimentación, los tratamientos veterinarios y los procedimientos de esterilización de los animales, agravando su situación de abandono y vulnerabilidad.
Desde el punto de vista legal, el hecho está tipificado como hurto en el artículo 239 del Código Penal colombiano. Además de sanciones penales, los implicados deberían reparar el daño causado, lo que incluye la devolución del dinero.
Las grabaciones de cámaras de seguridad, siempre que conserven el archivo original con fecha y hora, pueden ser utilizadas como prueba en un proceso judicial. Este tipo de evidencia resulta clave para esclarecer casos en establecimientos abiertos al público.
Los Chicos del Barrio Tunja cerraron su mensaje reiterando el agradecimiento a quienes siguen apoyando la protección animal. El llamado final fue a que la solidaridad prevalezca y que la defensa de los animales mantenga como base el respeto y la responsabilidad colectiva.
Las reacciones no se hicieron esperar, “Tiren nombre y denle plomo”; Comerciantes dormidos pendejos como esta la situación que ya todo se lo roban hay impunidad, dejan todo de valor encima de los mostradores, plata celulares computadores"; “No hay policías, no hay alcalde, no hay alcalde, no hay idu, no hay carro para la basura , etc .. despierta colombiano los politicos son el cáncer de los colombianos”; “Hijueputas se pegan de un moco! Miserable, malnacido”: fueron algunos de los mensajes.
Este es el nuevo documento obligatorio para dueños de perros en 2026: incumplir la norma puede costar más de $900.000
A partir de 2026, los dueños de perros en Colombia enfrentarán un marco legal más exigente para quienes conviven con animales de “manejo especial”. El cambio responde a la necesidad de proteger tanto la seguridad pública como el bienestar de los animales dentro de los hogares.
El foco de la nueva normativa recae sobre razas como American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Tosa Japonés y Dóberman, así como sus cruces o ejemplares con antecedentes de agresión. Las autoridades han definido a estos perros como sujetos a controles reforzados para anticipar incidentes y responsabilizar a sus dueños.
La reforma legal se fundamenta en el concepto de “familia multiespecie”, reconocido por una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en 2023. Este fallo marcó un antes y un después en la protección animal, al establecer que los animales de compañía forman parte del núcleo familiar y merecen derechos y garantías.
Desde ese momento, la legislación colombiana ha elevado la vara en términos de responsabilidad civil y ética para quienes tienen perros. Se han endurecido los requisitos de documentación y las regulaciones, con el objetivo de salvaguardar a todos los miembros del hogar y a la comunidad.
El eje central de estas medidas es el Registro en el Censo de Perros de Manejo Especial. Se trata de un trámite obligatorio, cuyo propósito es dar a las autoridades una herramienta efectiva para rastrear y controlar a los animales que podrían representar un riesgo.
El incumplimiento de este requisito puede resultar costoso: la ley contempla multas de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv). Las sanciones van más allá de lo económico: la reincidencia o la falta de papeles tras un ataque pueden derivar en el decomiso del animal y su traslado a un centro de bienestar oficial.