Un operativo realizado en la cárcel Pedregal de Medellín dejó como resultado la incautación de armas blancas, drogas y equipos de comunicación dentro de uno de los pabellones del establecimiento.
La intervención, encabezada por autoridades del Valle de Aburrá, se enfocó en desarticular estructuras criminales que continúan operando desde el interior de los centros penitenciarios.
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Durante el procedimiento, se intervinieron espacios donde permanecen recluidas 196 personas privadas de la libertad, algunas de ellas señaladas de pertenecer a organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Según informó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, estos operativos forman parte de una estrategia para combatir el delito y reducir la influencia de grupos criminales desde las cárceles.
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Las autoridades destacaron que, en los últimos meses, se han desarrollado acciones similares tanto en la cárcel Pedregal como en Bellavista. Estas operaciones han permitido la incautación de más de 150 teléfonos celulares, dispositivos que, según las investigaciones, eran empleados para coordinar actividades ilícitas y extorsiones desde los recintos carcelarios.
El operativo en Pedregal se une en una ofensiva más amplia a nivel nacional. En días recientes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó intervenciones simultáneas en 124 cárceles del país. Como resultado, se incautaron más de 1.300 celulares y varias caletas de estupefacientes, en un esfuerzo por controlar la extorsión y mejorar las condiciones de reclusión.
Como parte de la estrategia Juntos por Antioquia, la Policía de Antioquia, mediante unidades de la estación Donmatías, reportó la captura en flagrancia de una persona en el sector Riogrande.
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Durante el patrullaje y control policial, los uniformados interceptaron a un ciudadano que portaba un revólver calibre .38, municiones, sustancias ilícitas y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como tráfico y porte de estupefacientes.
Las autoridades reiteraron que continuarán con los operativos y controles en los centros carcelarios y en distintos sectores del departamento, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y reducir la incidencia delictiva en la región.
Internas de la cárcel El Pedregal en Medellín iniciaron huelga de hambre para exigir mejoras en alimentación y atención médica
Hace un par de días, un grupo de internas de la cárcel El Pedregal de Medellín inició una huelga de hambre y un acto de desobediencia civil para exigir mejoras en sus condiciones de vida. La protesta, que comenzó la noche del lunes 26 de enero, puso en evidencia una crisis prolongada en el penal, especialmente en áreas como la alimentación y la atención médica.
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Las reclusas del patio 18, en la sección femenina, mantuvieron la desobediencia por 24 horas, denunciando que deben pagar por productos básicos dentro de la cárcel y reclamando el derecho a recibir kits humanitarios y alimentos caseros. Según las internas, la crisis alimentaria es solo una parte de una problemática más amplia que afecta al penal.
Uno de los principales reclamos se centra en la prestación del servicio médico. Actualmente, solo hay un médico para todos los pabellones, tanto de hombres como de mujeres, lo que limita gravemente la respuesta ante emergencias y enfermedades. Esta situación genera tensiones adicionales y pone en riesgo la salud de la población reclusa.
Ante la magnitud de la protesta, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia convocó una reunión urgente en la Alcaldía de Medellín, en la que participaron la Personería, la Secretaría de Paz, la Procuraduría Provincial y la Dirección Regional del Inpec. El objetivo fue buscar soluciones inmediatas para restablecer el suministro de bienes básicos y atender la emergencia sanitaria.
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Durante el encuentro también se abordaron denuncias sobre maltratos sistemáticos. Entre los reportes figuran discriminación contra la población trans y diversa, explotación laboral bajo coacción, dificultades en el acceso a tratamientos hormonales y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante operativos de requisa.
La crisis alimentaria en El Pedregal se agravó desde comienzos de 2024, cuando las autoridades clausuraron el “rancho”, el área donde se preparaban los alimentos, tras detectar carne de caballo y comida descompuesta. Desde entonces, la única alternativa ha sido que las familias lleven la comida, una medida que no beneficia a toda la población y ha profundizado la desigualdad entre internos.
La Procuraduría documentó en 2025 incumplimientos en la contratación del servicio de alimentación, vulnerando derechos fundamentales de los privados de la libertad. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en septiembre del año pasado, emitió un fallo que obliga al Estado a garantizar una alimentación adecuada para los internos. Sin embargo, la situación no ha mejorado y las familias, muchas veces organizadas, asumen el costo de los alimentos para evitar que sus seres queridos pasen largos periodos sin comer.
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