La Sala Plena del tribunal electoral resolvió conformar una comisión especial encargada de estudiar el caso, que estará integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, para analizar los argumentos y antecedentes relacionados con la aspiración presidencial de Cepeda.
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Días después de su asignación, los tres magistrados fueron recusados en el proceso de revisión sobre la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su participación en la consulta interpartidista de marzo Frente por la Vida. El trámite de recusación se fundamenta en la presunta cercanía de estos funcionarios con el oficialismo, ya que todos accedieron a la entidad con el respaldo del petrismo.
La votación sobre la recusación corresponderá ahora a la Sala Plena del CNE, que deberá determinar si estos magistrados continúan en la discusión del caso o son separados del mismo. Esta medida podría dejar a los tres fuera de las deliberaciones vinculadas a la postulación de Cepeda.
La asignación del caso recayó en Márquez mediante reparto, y a la comisión especial que revisa la cuestión fueron sumados Velásquez y Echeverry por sorteo. Previamente, estos magistrados fueron apartados de otros debates relacionados con el Gobierno nacional, como ocurrió con Velásquez, que no participó en la votación del expediente sobre la campaña de Gustavo Petro por presunta violación de topes de gasto, tras ser testigo electoral en 2022.
Por su parte, Echeverry desempeñó un papel relevante en el recuento electoral de ese mismo año, cuando colaboró con la campaña de Petro para recuperar más de 500.000 votos no considerados inicialmente en el apoyo a la lista del Pacto Histórico.
Iván Cepeda anunció que emprenderá acciones legales si se obstruye su participación en la consulta
El candidato presidencial Iván Cepeda anunció desde Cúcuta, Norte de Santander, que recurrirá a instancias judiciales para respaldar su postulación en la consulta interpartidista programada para el 8 de marzo de 2026. Con este anuncio, Cepeda enfatizó la determinación de proteger sus derechos políticos por la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decida anular su inscripción. Según su exposición, el trasfondo de este reclamo excede lo personal, involucrando a millones de ciudadanos que ya participaron en la consulta del Pacto Histórico, que también podrían defender su derecho a votar en este proceso.
En su intervención, Cepeda advirtió acerca de interpretaciones normativas que, en sus palabras, buscan obstruir tanto su presencia en las urnas como la de los electores. Frente alos asistentes, el candidato expresó: “Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción en la consulta, sino impedir que todas y todos ustedes voten ese día en ella”. El aspirante sostuvo que el escenario judicial será inevitable si el CNE determina excluirlo de la competencia y dejó claro que acudirá a la acción de tutela como vía para garantizar sus derechos políticos.
El senador de la República recordó que más de 2.700.000 personas votaron en la consulta previa del Pacto Histórico. A su criterio, todas esas personas estarían habilitadas para ejercer acciones jurídicas si sus derechos políticos se ven vulnerados con una posible inhabilitación. Según el aspirante, el bloqueo a la consulta significaría desconocer no solo su aspiración, sino la voluntad de la ciudadanía.
Atribuyendo las actuales disputas políticas al choque de dos proyectos opuestos, Cepeda remarcó: “El verdadero enfrentamiento es entre dos posiciones claramente diferentes: una neoliberal y profundamente autoritaria y depredadora, la del uribismo; y otra, la del cambio social, la de la defensa de la vida, de la participación y la movilización política del pueblo”. Para el senador y candidato, el objetivo central sigue siendo consolidar una mayoría parlamentaria y conquistar la presidencia en la primera vuelta, lo que, indicó, permitiría dar continuidad a la agenda de transformaciones del Pacto Histórico.
Ya en el tramo final de su discurso, el candidato invitó a empresarios de todas las escalas en Norte de Santander a sumarse a iniciativas para combatir la pobreza y fomentar la prosperidad del país, vinculando esta meta a la reducción de la violencia histórica en la región.