Los directivos del exclusivo colegio Los Nogales de Bogotá deberán enfrentar un juicio penal por el presunto delito de injuria tras haber compartido información en medios sobre un caso de acoso escolar que derivó en la expulsión de dos menores.
De hecho, la Fiscalía General de la Nación radicó la acusación formal el 22 de enero de 2026, después de un año y medio de investigaciones en curso, según información conocida por El Tiempo.
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El proceso judicial involucra a Camilo Camargo, rector del colegio, y a Marcela Junguito, quien para el momento de las denuncias por matoneo era vicerrectora y actualmente dirige el Gimnasio Femenino. Ambos comunicaron públicamente en 2024 los detalles de las conductas de acoso, que, según sus declaraciones, fueron organizadas con la intención de infligir daño de manera sistemática a un compañero.
Camargo explicó en su momento que se trató de “una intimidación de manera permanente y repetitiva, con intenciones claras de hacer daño al otro”, según lo indicó al diario nacional en una entrevista.
Las pruebas recopiladas incluían grabaciones y mensajes obtenidos por los padres del afectado, lo que llevó al colegio a aplicar el protocolo interno y a reportar el caso ante el sistema de alertas de la Secretaría de Educación.
La aplicación del manual de convivencia resultó en la expulsión de los dos adolescentes señalados, decisión que desató fuerte polémica dentro de la comunidad educativa. La controversia dividió a familias y estudiantes, algunos en defensa de los sancionados y otros respaldando la decisión institucional.
Ante lo ocurrido, los padres de los menores expulsados promovieron acciones legales al considerar desproporcionadas las medidas ejecutadas por el colegio. Camargo señaló a El Tiempo en 2024 que se interpusieron tutelas y otras iniciativas jurídicas. Finalmente, los jueces validaron que el colegio actuó conforme al manual de convivencia y respetó el derecho a la educación.
“Hemos tenido mucha resistencia por parte de los padres de familia, que han interpuesto tutelas y otro tipo de acciones legales porque no están de acuerdo. Pero esos procesos fueron validados por los jueces de la República, quienes dicen que el colegio ha hecho las cosas acorde con su manual de convivencia y que ha respetado el derecho a la educación de los estudiantes”, comentó el rector al diario nacional en 2024.
Paralelo a la vía administrativa, las familias de los menores sancionados presentaron una denuncia penal por injuria. Argumentan que los directivos vulneraron la confidencialidad y afectaron el buen nombre y la reputación de sus hijos al exponer el caso en medios de comunicación. Aportaron, además, pruebas que indicarían la existencia de acoso en doble vía entre los implicados.
La abogada Beatriz Molina, representante de los menores, afirmó que “ningún rector ni funcionario de ningún colegio puede omitir su deber de confidencialidad y reserva de los procesos disciplinarios y mucho menos salir a un medio de comunicación contando hechos en donde están involucrados menores de edad, pues vulneran su derecho al buen nombre y a la honra”, según un comunicado citado por El Tiempo. Molina expresó su confianza en que la justicia respete el debido proceso y proteja los derechos de los niños.
“Confiamos en que los jueces de la República, con respeto por el debido proceso, adopten las decisiones que en derecho correspondan. Reiteramos, además, un llamado firme a la sociedad y a los medios: no revictimizar, respetar la intimidad y la honra de los menores. La justicia avanza, los niños se protegen. No más violencia para nuestros menores”, se lee en el comunicado.
En respuesta, la defensa de los directivos, liderada por el penalista Fabio Humar, declaró que colaborarán plenamente con la justicia y ejercerán todos los recursos que la ley permite.
“Atenderemos las citaciones y, desde luego, se ejercerán las acciones y recursos que la ley prevé en este caso, que —sobra decir— abre un antecedente con el que no estamos de acuerdo”, manifestó Humar en diálogo con el diario nacional.