El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se refirió a la presunta desvinculación de 30 funcionarios, a vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías en Colombia (Ley 996 de 2005).
En un comunicado, la entidad, que ahora es liderada por Nhora Mondragón, negó que no fueran 30 servidores, sino una cantidad inferior a la mencionada por informes periodísticos.
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“En total fueron 12 personas que se desvincularon de la entidad y no 30 a 40 como señalan las notas de prensa”, explicó el Dapre en el documento.
Así mismo, la entidad nacional aclaró que “las personas que fueron retiradas contaban con una vinculación de ‘libre nombramiento y remoción’ y no eran parte de la carrera administrativa o por concurso”.
También, mencionaron que los 12 funcionarios salientes “eran de confianza de la pasada dirección”, en referencia a la hoy gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez.
“Y al llegar una nueva administración, se considera que se están a disposición del nuevo director o directora, quien conformará su equipo cercano de trabajo”, puntualizaron.
Origen de la polémica
El episodio comenzó en horas de la tarde del lunes 26 de enero de 2026, cuando citaron de manera individual a aquellos funcionarios que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo y la Secretaría General de la Presidencia de la República, según información publicada en Caracol Radio.
El proceso, impulsado por la titular de la cartera, Nhora Mondragón, incluyó a figuras de larga trayectoria como Luz Dary Cruz, jefe de recursos humanos con más de veinticinco años de experiencia en la Casa de Nariño, y Yury Carolina Calderón, quien ejercía como jefe de prensa del Dapre.
En el caso de Cruz, su salida generó especial controversia, pues enfrentaba la etapa previa a su pensión, lo que levantó voces críticas sobre la forma y el impacto de la medida adoptada bajo la gestión de Mondragón.
De hecho, durante su etapa como encargada del área de Talento Humano, se conocieron varias denuncias por parte de exfuncionarios que relataron experiencias de desalojos inmediatos bajo vigilancia de escoltas y con procedimientos documentados en video.
Uno de los casos más visibles fue el de Alexis Mahecha, exsubdirector de la entidad, quien manifestó públicamente su inconformidad por el modo en que se produjo su retiro. Estos testimonios derivaron en demandas y una percepción persistente de maltrato institucional asociada a los cambios de equipo de confianza.
Otros funcionarios despedidos
Del mismo modo, se encuentra Hasbleidy Fajardo, prima de la exdirectora Angie Rodríguez y quien se desempeñaba como asesora grado 5, según detalló Semana.
Además, se conoció que entre los cesados se encuentran madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados y personas con incapacidades médicas certificadas, todos ellos amparados por figuras de protección laboral reforzada en la legislación colombiana, según fuentes consultadas por Blu Radio.
Incluso, la cadena radial mencionada señaló que detrás de la ola de despidos también estarían, además de la directora del Dapre Nhora Yhanet Mondragón, dos figuras del entorno cercano al presidente Petro: Letty Leal, subdirectora de la entidad, y José Raúl Moreno, recién nombrado jefe de despacho presidencial.
La decisión de insubsistencia es una herramienta legal que afecta a los cargos de libre nombramiento y remoción, permitiendo que cada administración conforme su equipo de confianza.
Las reacciones no se han hecho esperar: varias fuentes anticipan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en defensa de los derechos laborales de los servidores protegidos por la legislación vigente.
Esta situación se produce pese a que, el 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular en la que prohibía expresamente ejecutar despidos en este periodo. La instrucción llegó después de que el presidente Petro llamara la atención a ministros y directores en una sesión televisada del Consejo de Ministros.
Uno de los aspectos más sensibles de esta reestructuración radica en la proximidad con la entrada en marcha de las restricciones drásticas de la Ley de Garantías.
Desde el 8 de noviembre, esta norma ya limitó los convenios interadministrativos en el ámbito territorial, mientras que, a partir del 31 de enero, bloqueará la contratación directa y dispondrá ajustes en la nómina pública, con el objetivo de preservar la equidad en la contienda electoral.