El aumento del 23,7% en el salario mínimo en Colombia habría puesto en riesgo más de 12.000 subsidios de vivienda de interés social en Antioquia, impactando la viabilidad de programas clave y profundizando la crisis de acceso a vivienda para miles de familias.
El ajuste, orientado a mejorar el poder adquisitivo, desencadenó una serie de sobrecostos y déficits presupuestales que afectan tanto a beneficiarios como a entidades públicas y privadas.
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En Colombia, el precio de la vivienda de interés social está indexado al salario mínimo, no a una suma fija en moneda nacional. Este sistema permite que los proyectos aumenten automáticamente de costo si el salario sube por decreto. Para Antioquia, el alza fue un golpe inesperado que superó las previsiones de las autoridades.
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La Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) identificó, tras una revisión financiera, que el aumento salarial proyectado para 2026 elevó tanto los costos que resulta imposible cumplir las metas sin recursos adicionales. Según su balance, unos 3.300 mejoramientos de vivienda se dejarían de ejecutar o requerirían $54.000 millones adicionales. Solo en vivienda nueva, más de 8.600 familias quedarían excluidas bajo la normativa actual.
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La Gobernación había estimado un incremento salarial de entre 8% y 12%. El alza real de 23,7% originó un déficit fiscal de $264.000 millones. La mano de obra, que representa aproximadamente el 40% del costo directo de las obras, es donde se concentran los sobrecostos más graves. Varios contratistas ya advierten de la necesidad de renegociar contratos o reducir el alcance de los proyectos.
En Medellín, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed) suspendió la asignación de subsidios del programa Compra tu Casa, al no poder cubrir a todas las familias previstas. El presupuesto para subsidiar la cuota inicial de 1.199 familias tuvo que ajustarse de $42.000 millones a $51.000 millones, dejando un faltante de casi $8.812 millones. La estrategia de suspender asignaciones busca reestructurar el presupuesto y redefinir las metas de acuerdo con los fondos disponibles.
Según información publicada por El Colombiano, un caso relevante es el proyecto Ciudad del Este, que requiere $4.700 millones adicionales para cerrar el financiamiento familiar, evidencia de cómo el aumento salarial transforma de inmediato la viabilidad de los programas de vivienda.
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El sector privado, configurado por gremios y constructoras, alerta sobre una crisis en la sostenibilidad de nuevos proyectos. Federico Estrada, gerente de La Lonja de Propiedad Raíz, puntualizó al diario nacional que la mano de obra equivale a entre 15% y 20% del costo directo en obra y que el alza en ese sector se sitúa entre 13% y 15%. Los gastos en vigilancia y aseo ―también asociados al salario mínimo― anticipan un incremento de al menos 17% y 18% en las cuotas de administración, lo que aumenta la presión financiera sobre los hogares.
Carlos Mario Gaviria, presidente de la Junta Directiva de Camacol y de la constructora Conaltura, advierte de una recesión técnica. Los altos precios del suelo y las cargas urbanísticas, sobre todo en Medellín, desincentivan la construcción de vivienda de interés social bajo las condiciones actuales.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional presentó un proyecto de decreto para desindexar la vivienda de interés social del salario mínimo, estableciendo un tope nacional fijo de 135 salarios mínimos. Sin embargo, el texto deja fuera el tope de 150 salarios mínimos vigente en grandes ciudades, lo que, según autoridades locales, restringiría todavía más la oferta de vivienda social en áreas urbanas con mayores costos de suelo.
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La propuesta generó disputas. El presidente Gustavo Petro calificó la indexación de precios al salario mínimo como una práctica cuestionable y pidió investigar a las constructoras. Desde el sector privado, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, tildó el decreto de control de precios “ilegal e improvisado” y advirtió que fijar valores en pesos durante la preventa haría inviable el desarrollo de nuevos proyectos ante la inflación y los cambios de costos.
En Medellín, la directora de Isvimed, Valentina Aguilar, advirtió que disponer de un tope único de 135 salarios mínimos no contempla las particularidades urbanísticas y de suelo de las grandes ciudades. Para la vivienda de renovación urbana, el riesgo de incertidumbre es mayor, lo que complica los planes de redensificación en zonas centrales.
Para las familias beneficiarias, las consecuencias se sienten de forma inmediata. El alza en los precios ha incrementado los desistimientos y el número de penalizaciones. En 2025, más de 25.000 familias en Colombia abandonaron la compra de su vivienda, enfrentando penalizaciones que oscilan entre el 10% y el 20% del valor del inmueble, lo que puede implicar la pérdida de los recursos ahorrados y una mayor vulnerabilidad.
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Mirando a 2026, tanto entidades públicas como privadas coinciden en que la incertidumbre domina el panorama. Los costos de construcción crecerán entre 10% y 15%, lo que alejará aún más a los potenciales compradores. Medellín y Antioquia impulsan estrategias exprés, como convocatorias limitadas para mejoramientos de vivienda, aunque la magnitud del desafío requiere medidas nacionales contundentes, especialmente en materia de subsidios.
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