El reciente concepto emitido por el Consejo de Estado ha desatado alertas en todo el sistema de salud colombiano.
El presidente Gustavo Petro afirmó que la decisión, que permitiría utilizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas históricas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), podría llevar a la liquidación de las entidades intervenidas por el Estado.
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La reacción de exministros, asociaciones de pacientes, gremios y otras organizaciones del sector no se hizo esperar. Todos coincidieron en advertir sobre una “crisis sin precedentes” si se ejecuta una supresión abrupta de las EPS sin un plan de reemplazo operativo.
Según los expertos, esta acción pondría en riesgo la atención de millones de ciudadanos, especialmente aquellos que requieren tratamientos continuos o de alto costo.
Entre los firmantes de la advertencia colectiva se encuentran la Fundación Salud Querida, Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y exministros como Fernando Ruiz, Beatriz Londoño y Alejandro Gaviria.
En su comunicado, señalaron que “eliminar de forma abrupta esos agentes, sin un sustituto operativo probado, generaría un vacío funcional e inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir hoy”.
El grupo destacó la importancia de las EPS en la gestión del riesgo en salud, la organización de redes prestadoras, la articulación entre distintos niveles de atención y la continuidad de los tratamientos médicos.
También recordaron que las EPS son responsables del pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), un componente esencial para mantener la prestación de los servicios en todo el país.
La preocupación se profundiza al analizar la situación financiera del sistema. Según los exministros y gremios, el presupuesto nacional cubre apenas el 25 % de lo requerido para atender a pacientes con enfermedades huérfanas y de muy alto costo que no están cubiertos por la UPC.
La deuda del Gobierno con las EPS superó los 2 billones de pesos al cierre de 2025, producto de atrasos e incumplimientos en los pagos que ordenan las decisiones judiciales.
Entre las EPS bajo intervención estatal se encuentran Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS y Coosalud. Petro cuestionó la reciente interpretación del Consejo de Estado, asegurando que esta permitiría que la “UPC nueva” cubra deudas de la UPC antigua, lo que, según él, “acaba de descuadrar todo el sistema”.
El mandatario advirtió que con este cambio, los recursos destinados a la atención presente de los pacientes podrían desviarse para saldar deudas acumuladas, afectando la operatividad y la capacidad de respuesta del sistema. “Se acaba de tirar todo el sistema. Los servicios que dejó de pagar se pagarían con lo que ya no atenderán”, afirmó.
El origen de la controversia se encuentra en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que matizó que la “anualidad presupuestal” no se aplica a la UPC.
Según el órgano judicial, los recursos que recaudan las EPS en nombre de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tienen naturaleza pública y destinación específica, por lo que no pueden considerarse como rentas propias de las EPS.
Frente a este escenario, Petro planteó que la única alternativa viable sería liquidar las EPS: “Las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidarlas que tenerlas, porque al tenerlas pagan la deuda del pasado y no el presente”.
Además, insistió en que mantener las EPS en estas condiciones implicaría un endeudamiento insostenible: “No nos queda más que actuar porque no se pueden usar los recursos que se giren para pagar deudas, eso sería una estafa al Estado”.
Los expertos y colectivos coincidieron en que una liquidación precipitada podría afectar gravemente la gestión del riesgo, la organización de la red prestadora y la continuidad de los tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo. Advirtieron que la interrupción en la prestación de servicios médicos y la falta de pago a las IPS tendría un impacto inmediato sobre millones de colombianos.
“El derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas ni discusiones estériles de sustento técnico. La viabilidad de la salud exige dirección, rigurosidad y responsabilidad institucional”, concluyeron los firmantes de la advertencia, en un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para evitar que la disputa por las UPC derive en un colapso del sistema.