Mientras la Corte Constitucional revisa la declaratoria de emergencia económica, el Gobierno nacional ya tomó una decisión clave, extenderá la vigencia del decreto para mantener activo el marco que le permite expedir nuevas medidas orientadas a garantizar recursos fiscales y sostener la inversión en servicios esenciales.
La prórroga, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es fundamental para preservar la estabilidad financiera del país en un momento de alta presión sobre las cuentas públicas. En diálogo con La FM, el jefe de la cartera señaló que el Ejecutivo aún está dentro de los plazos legales para prolongar la emergencia y así seguir atendiendo obligaciones derivadas de sentencias judiciales y compromisos relacionados con derechos fundamentales. “Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica, que tenemos hasta 90 días para poderla tener. Estamos trabajando en la prórroga de la garantía económica.”
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El ministro señaló que la emergencia no es un mecanismo aislado, sino una herramienta para asegurar ingresos tributarios en un contexto fiscal complejo. Recordó que las primeras decisiones adoptadas bajo esta figura surgieron tras la caída de la ley de financiamiento, lo que obligó al Gobierno a buscar alternativas para cubrir necesidades urgentes del Estado.
En ese sentido, Ávila detalló que el Ejecutivo ya expidió dos decretos clave. El primero estuvo enfocado en medidas tributarias para aumentar los ingresos, mientras que el segundo se dirigió a garantizar la estabilidad del sistema energético, especialmente en la región Caribe, además de atender situaciones relacionadas con derechos fundamentales. “La primera declaratoria de emergencia económica se emitió para atender las dificultades que surgieron luego de la caída de la ley de financiamiento. Posteriormente, adoptamos un decreto con medidas tributarias para incrementar los ingresos y un segundo decreto para garantizar la estabilidad de las distribuidoras de energía en la costa y atender derechos fundamentales, como la protección de personas frente a amenazas excepcionales”, dijo en el medio antes mencionado.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, estos dos decretos permitieron asegurar recursos por cerca de 12 billones de pesos. Sin embargo, las necesidades totales del Gobierno ascienden a 16,3 billones, lo que deja un faltante que aún debe ser cubierto. Para cerrar esa brecha, el Ejecutivo evalúa nuevas alternativas que serían anunciadas en su momento. “Estamos estudiando la posibilidad de algunas otras medidas que nos aseguren completar ese faltante de recursos, porque además lo que no se logre garantizar a través de nuevos recursos tributarios no se implicaría necesariamente una reducción presupuestaria.”
Más allá del impacto inmediato en el presupuesto, Ávila advirtió que la continuidad de la emergencia económica también tiene efectos directos sobre la percepción de riesgo del país en los mercados internacionales. Según explicó, la falta de recursos para financiar al Estado suele traducirse en un aumento de la prima de riesgo, lo que encarece la deuda y limita el acceso al crédito externo.
“Cada vez que al gobierno le niegan los recursos necesarios para financiarse, inmediatamente se sube la prima de riesgo. Y cuando el gobierno toma medidas que permiten garantizar nuevos ingresos para asegurar las necesidades de financiamiento, bajan las primas de riesgo. Ese incremento significativo de la prima de riesgo es la que nos puede colocar en una situación eventual de dificultades para cumplir con los compromisos de la deuda externa.”
Con la prórroga del decreto, el Gobierno de Gustavo Petro busca ganar margen de maniobra mientras avanza el análisis de la Corte Constitucional y se definen nuevas medidas para cerrar el déficit, en un escenario donde la presión fiscal y la estabilidad financiera siguen marcando la agenda económica.