Los traslados de 17 cabecillas de los grupos armados Los Costeños y Los Pepes a penitenciarías de Barranquilla fueron suspendidos tras la decisión del alto comisionado de paz, Otty Patiño, de cancelar cualquier posibilidad de ejecución de la medida.
La suspensión ocurre en medio de los diálogos de paz urbana que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene con bandas criminales de diferentes ciudades del país, entre ellas Barranquilla y Medellín.
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La idea inicial era mover de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y La Picota de Bogotá a Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, cabecilla de Los Costeños; Digno Palomino, líder de la banda de Los Pepes, Ober Ricardo Martínez, “El negro Ober”, de Los Rastrojos Costeños, entre otros cabecillas, con el fin de establecer la mesa de diálogo en la cárcel de mediana seguridad El Bosque; en una fase que debía iniciar el 13 de enero.
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Tras la decisión de suspender los traslados, el Gobierno nacional y la Alcaldía de Barranquilla iniciarán conversaciones para establecer una hoja de ruta que trace indicadores clave para monitorear la situación de estos delincuentes vinculados con problemas de orden público en la ciudad.
Alerta por la seguridad de las ciudades
Días antes de la suspensión, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que la medida del Gobierno lo había sorprendido, argumentando que las cárceles de la ciudad no contaban con condiciones de seguridad adecuadas para recibir a estos presos. En respuesta, convocó una reunión urgente para abordar el asunto, ante el temor de que la llegada de los cabecillas comprometiera la seguridad ciudadana.
El gobernador del Altlántico, Eduardo Verano de la Rosa, también manifestó que las penitenciarías del departamento no estaban preparadas para un proceso de este tipo, lo que podría generar riesgos para la región. Por su parte, gremios locales manifestaron preocupación por las extorsiones que ya afectaban a los establecimientos comerciales y cuya responsabilidad atribuían a las mismas bandas urbanas con las que el Gobierno estaba dialogando.
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El traslado estaba programado antes de la finalización de la tregua entre ambas bandas, la cual comenzó en octubre de 2025 y concluiría el 20 de enero de 2026.
Pronunciamiento de Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro explicó, a través de sus redes sociales, que la suspensión de los traslados se debía a que las actividades delincuenciales de Los Costeños contravenían la política de paz y ponían en riesgo la integridad de los ciudadanos.
“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla. Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
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El jefe de Estado agregó que la suspensión del traslado no pone en riesgo los diálogos entre su administración y los grupos armados, y que la Iglesia seguirá acompañando la mediación. “Por eso supendimos el traslado hasta que se profundice el compromiso con la paz de esta personas. La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, afirmó.
Además, Petro defendió la política de paz urbana de su Gobierno ante las críticas del alcalde Char, resaltando que se logró reducir la tasa de homicidios en Barranquilla a la mitad. “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, dijo.
Por su parte, el alcalde Char insistió en que la llegada de más de 40 delincuentes, incluyendo a alias Digno, Castor y el Negro Ober, a cárceles con condiciones de seguridad isuficientes podría afectar a la población y a la preparación de la ciudad para eventos masivos como el Carnaval, la principal festividad folclórica y cultural del país.
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“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, sostuvo.