La polémica que se armó en el país político por cuenta de la negativa de 17 gobernadores de Colombia de acatar el decreto de emergencia económica anunciado por parte del presidente Gustavo Petro dejó un nuevo episodio en redes sociales, y todo por una de las reacciones del ministro del Interior Armando Benedetti.
En esta ocasión el jefe de cartera volvió a defender con otra publicación desde su cuenta de X la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social (Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025).
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En esta ocasión, la noche del viernes 16 de enero de 2026, Benedetti escribió un mensaje en el que señaló como uno de sus argumentos, que el incremento del IVA al cobro de bebidas alcohólicas (uno de los puntos que menciona el decreto) podría ayudar a combatir el alcoholismo en la sociedad colombiana.
“Es increíble que, a pesar de que aumentar los precios del alcohol puede reducir su consumo y prevenir el alcoholismo y sus consecuencias, los gobernadores prioricen la venta por encima de la vida”, escribió el ministro del Interior en su cuenta de X, y un día después de que dejó en un video sus reparos luego de que se conoció el comunicado oficial por parte de la Federación Nacional de Departamentos en la que los 17 gobernadores dejaron en firme que no aplicarían esta resolución de la administración Petro.
Al final de la publicación del mismo viernes, Benedetti afirmó: “Es triste que consideren inconstitucional proteger la vida”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, había dejado otra reacción por la decisión de los 17 gobernadores
El bloque de 17 gobernadores colombianos que decidió no aplicar el reciente decreto tributario promulgado durante la emergencia económica por el presidente Gustavo Petro ha generado una tensa confrontación con el Gobierno nacional y ha puesto a prueba los límites de la autonomía regional frente al marco jurídico central.
Por lo anterior, Benedetti señaló el jueves 15 de enero de 2026 (en un video que compartió desde su perfil en X) que este tipo de resistencia no tendrá cabida legal y podría acarrear consecuencias penales o disciplinarias para los mandatarios, mientras la Corte Constitucional se prepara para pronunciarse sobre la validez del decreto.
La controversia se agravó luego de que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunciara que su departamento tampoco implementará el impuesto al consumo de licores contemplado en el decreto, un tributo considerado fundamental para los ingresos regionales, luego de la declaración inicial que hizo su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Varias administraciones departamentales agregaron inquietudes similares y respaldaron la decisión de Rendón, que se negó a ejecutar las medidas fiscales hasta que la alta corte emita un fallo definitivo.
Rendón justificó la postura de Antioquia explicando ante medios que: “Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro (sic)”.
El líder departamental sostuvo que, desde su perspectiva, la medida representa una amenaza directa para la capacidad fiscal de las regiones y alertó sobre los posibles perjuicios en la gestión de los recursos públicos.
“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, añadió el gobernador antioqueño.
Por tal motivo, y en la grabación que dejó en sus redes, Benedetti reaccionó con vehemencia al proceder de los mandatarios departamentales.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”, señaló el jefe de la cartera del Interior, al referirse a que ningún gobernador tiene la competencia para suspender la aplicación de un decreto nacional por cuenta propia, atribución que la Constitución reserva de manera exclusiva, según su explicación, a la Corte Constitucional.
“Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, reafirmó Benedetti.
A su vez, el ministro advirtió sobre las posibles repercusiones personales para quienes infrinjan la normativa.
“Puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su peculio. Lo que se pretende recoger de los impuestos que se está poniendo”, detalló Benedetti.
Dilian Francisca Toro explicó las consecuencias del decreto de emergencia económica
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, figura destacada entre los mandatarios que rechazaron la medida, alertó que la decisión del Ejecutivo podría precipitar graves consecuencias sobre la financiación de servicios públicos esenciales y la autonomía financiera regional.
En entrevista con Caracol Radio - W, Toro insistió la mañana del viernes 16 de enero que la posición de los gobernadores no busca un choque de poderes con la Casa de Nariño.
“No es confrontar ni pelear, es decirle al país lo que nos está pasando y lo que va a pasar si se aplica ese decreto”, detalló Toro, que de paso confirmó que el lunes 19 de enero se reunirán con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras los departamentos preparan recursos legales para defender lo que consideran derechos fundamentales.
La mandataria declaró: “La única forma, eso lo vamos a hacer personalmente cada gobernador, pero con un sustento jurídico, porque eso es lo que estamos precisamente analizando para hacerlo”.
Toro, excongresista y expresidenta del Partido de la U, hizo hincapié acerca de los efectos de la centralización de los tributos a licores y cigarrillos, cuya renta pertenece constitucionalmente a los departamentos.
Según explicó, la aplicación del decreto dejaría a los gobiernos regionales sin fondos para cumplir obligaciones en salud, educación y deporte, pilares que dependen de estos recursos: “Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación”.
La preocupación de la Federación Nacional de Departamentos (FND) gira en torno al impacto fiscal de la medida.
Toro detalló que, en el Valle del Cauca, la recaudación proveniente de licores y cigarrillos ya se redujo en un 40% a causa del contrabando.
“Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice: de todas maneras, tiene que pagar el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ver cómo logramos de rentas propias pagar el excedente”, planteó la gobernadora.
La mandataria también señaló el círculo vicioso que implica aumentar los impuestos sobre estos productos: “Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central”.
En esa misma línea argumentativa, Toro cuestionó el traslado de recursos a Bogotá y la afectación de los recursos de departamentos, mientras las obligaciones locales permanecen.
Frente a las investigaciones solicitadas desde el oficialismo ante la negativa de los gobernadores, Toro aseguró que la decisión cuenta con respaldo jurídico, y que las acciones emprendidas incluyen tutelas y estudios legales sólidos.
“Vamos a actuar con tutelas y además ya se está haciendo todo el estudio jurídico para poder nosotros sustentar lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer las cosas así por así, no. Las vamos a hacer como debe ser y de acuerdo a la ley y a la justicia”, cerró la gobernadora del Valle del Cauca.