El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, que para 2026 fue del 23,7%, no solo se sentirá en el ingreso de millones de trabajadores, también tendrá un impacto directo en uno de los servicios más usados por los colombianos: el transporte intermunicipal de pasajeros.
Así lo advirtió en entrevista con Infobae Colombia José Yesid Rodríguez, presidente de Addit, donde explicó por qué este incremento terminará reflejándose en el valor de los tiquetes que pagan los usuarios.
Para miles de personas que se movilizan cada semana entre municipios por trabajo, estudio, salud o razones familiares, el transporte intermunicipal no es un lujo, sino una necesidad básica. Sin embargo, mantener este servicio operativo se ha vuelto cada vez más costoso para las empresas del sector.
“El transporte intermunicipal es una actividad intensiva en capital humano”, explicó Rodríguez. En Colombia, este sector genera más de 39.000 empleos directos, principalmente conductores, además de personal administrativo, operativo y de atención al usuario. A esto se suman miles de empleos indirectos en talleres, estaciones de servicio, terminales y proveedores de insumos.
Según el presidente de Addit, el incremento del salario mínimo tiene un efecto inmediato sobre los costos operativos, ya que una parte significativa de los gastos de las empresas está relacionada con el pago de nómina, prestaciones sociales y auxilio de transporte, que también aumentó un 24,5%, llegando a $249.095 mensuales.
“El problema es que este sector no recibe subsidios ni compensaciones tarifarias del Estado”, señaló Rodríguez. “Cada peso adicional que se suma a los costos debe salir de algún lado, y hoy no hay mecanismos que permitan absorber estos aumentos sin afectar la tarifa que paga el usuario”.
¿Subir el salario mínimo pone en riesgo al sector?
Para Addit, el impacto va más allá de un simple ajuste contable. Rodríguez fue claro al afirmar que el aumento del salario mínimo, aunque bien intencionado, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de muchas empresas de transporte intermunicipal, especialmente las pequeñas y medianas.
“Si las empresas no pueden cubrir sus costos, se compromete la estabilidad laboral de miles de trabajadores”, advirtió. Además, un aumento en las tarifas podría generar una caída en la demanda de pasajeros, lo que abre la puerta a un problema aún mayor: el crecimiento del transporte informal e ilegal.
“Cuando el usuario siente que el transporte formal es más costoso, busca alternativas más baratas, aunque no sean seguras ni legales”, explicó Rodríguez, señalando que existe una preocupante permisividad de las autoridades frente a este fenómeno.
Así sentirán el aumento del precio del transporte los colombianos en su bolsillo
Una de las preguntas que más inquieta a los colombianos es cuánto podría subir el pasaje. De acuerdo con los análisis del gremio, el ajuste tarifario necesario estaría entre el 18% y el 25%, dependiendo de la región, la ruta y la estructura de cada empresa.
Esto significa que un pasaje que hoy cuesta $40.000 podría llegar fácilmente a los $48.000 o incluso $50.000, un aumento significativo para familias que ya enfrentan el encarecimiento de los alimentos, los servicios públicos y el arriendo.
Rodríguez explicó que, en teoría, las empresas podrían absorber parte del aumento mejorando su productividad, pero la realidad del país lo hace prácticamente imposible. “En 2025 se registraron más de 700 bloqueos en las vías, tenemos una infraestructura vial deficiente y una autoridad de tránsito más enfocada en el recaudo de multas que en facilitar la operación del transporte formal”, afirmó.
Otros costos que siguen subiendo
El salario mínimo no es el único factor que presiona al sector. Según Addit, los costos siguen aumentando por múltiples frentes: el precio del diésel, que subió un 4,6% y ya ronda los $10.984; los peajes, que aumentaron desde el primero de enero; los seguros obligatorios; y el incremento generalizado en repuestos, mantenimiento y servicios técnicos, impulsado por una inflación del 5,10%.
“La suma de todos estos factores hace inviable pensar que las tarifas puedan mantenerse sin ajustes”, concluyó Rodríguez. “Si queremos un transporte seguro, legal y de calidad, alguien tiene que pagar esos costos. Y hoy, lamentablemente, todo apunta a que el impacto llegará al bolsillo de los colombianos”.