La región del Catatumbo vivió en pocas horas dos episodios de violencia que evidencian la persistencia del conflicto armado y la fragilidad de la seguridad local.
En la mañana del domingo 11 de enero de 2026, habitantes de la zona rural de Convención encontraron el cuerpo sin vida de un joven a un costado del camino que conecta el casco urbano con la vereda Campo Alegre.
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El cadáver, tendido boca arriba sobre la tierra, vestía bluyín, camiseta y tenis negros. Los impactos de bala en su cuerpo indicaron que la muerte ocurrió de manera inmediata.
La víctima fue identificada como Leiber Cañizares, conocido en la región como alias Estrellita. El reconocimiento fue posible gracias a un tatuaje con su nombre y varias marcas distintivas en sus brazos, pierna y cuello, incluyendo una estrella bajo la oreja izquierda.
Su hermana, al enterarse de la noticia, acudió al lugar y confirmó la identidad del joven.
“No quería levantarme nunca, sentía que se acababa mi vida”, expresó la mujer en redes sociales, tras permanecer recostada sobre el cuerpo de su hermano. El proceso de velación comenzó rápidamente, en medio del dolor de familiares y allegados.
Horas después de este primer crimen, otro hecho de sangre se reportó en la vereda La Muralla, jurisdicción de Teorama, a unos diez kilómetros del sitio donde fue hallado “Estrellita”. La segunda víctima fue identificada como Camilo Anteliz, residente de San Calixto.
En este caso, la información sobre el homicidio es escasa, aunque se confirmó que el cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego.
Las autoridades, hasta el momento, no cuentan con testigos, ni con información suficiente para avanzar en la investigación de los responsables de estos asesinatos. Tampoco manejan una hipótesis clara sobre los móviles detrás de estos hechos, que se suman a una larga lista de casos similares en la zona.
Estos nuevos homicidios subrayan la gravedad del recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, una región marcada históricamente por el accionar de grupos armados ilegales y la disputa territorial.
El miedo y la incertidumbre vuelven a instalarse entre la población, mientras las familias de las víctimas exigen respuestas y acciones concretas para frenar la ola de crímenes que golpea a sus comunidades.
Masacre en Norte de Santander: Tres jóvenes menores de 23 años murieron de múltiples disparos
Tres personas fueron asesinadas en una vía rural de Cúcuta, Norte de Santander, en un hecho que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), representa la segunda masacre ocurrida en Colombia en los primeros días de 2026.
El ataque, perpetrado el 6 de enero, encendió nuevas alarmas sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las regiones, a menos de un año del cierre del actual mandato presidencial.
El crimen ocurrió en la trocha que conecta el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental.
De acuerdo con las primeras informaciones, hombres armados que se desplazaban en motocicletas interceptaron y dispararon contra tres individuos que se encontraban en esta zona rural.
Las víctimas fallecieron en el lugar, y fueron identificadas como Michael Steven Lobo Melgarejo, Cristian Alejandro Jaimes Mariño y Ángelo Leonardo Pinzón Ascencio.
La escena, bajo fuerte influencia de estructuras ilegales, fue acordonada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, que permanece a la espera de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho). El diario La Opinión reportó que familiares de los jóvenes llegaron al sitio y que decenas de personas se acercaron, consternadas por la violencia.
Tanto esta organización como la Defensoría del Pueblo han reclamado respuestas estatales más contundentes ante el recrudecimiento de la violencia, que mantiene en alerta a las comunidades rurales y urbanas del departamento.
La Defensoría del Pueblo había incluido a Cúcuta en la alerta temprana 013/25, advirtiendo sobre el riesgo creciente de imposición de normas y control ilegal por parte de grupos armados. Además, la AT 027/24 advertía sobre amenazas, homicidios selectivos, “limpieza social”, reclutamiento de menores y extorsiones en el municipio.