La Guardia Civil de España informó la liberación de seis mujeres latinoamericanas víctimas de explotación sexual en el municipio de Roquetas de Mar, situado en la provincia de Almería, en España.
El operativo, realizado en el sur del país, permitió la detención de ocho personas vinculadas a una red dedicada a la trata de mujeres.
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De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas procedían principalmente de Colombia y Venezuela. Tras su llegada al territorio español, la organización criminal las trasladaba hasta Roquetas de Mar, desde donde coordinaba su desplazamiento a otras ciudades para someterlas a explotación sexual.
La investigación, conocida como operación ‘Alaragua’, se encuentra en marcha desde octubre de 2024, luego de que ciudadanos de la zona alertaran a las autoridades sobre la posible existencia de esta estructura delictiva.
Una vez en el país, las víctimas eran conducidas al área de Roquetas de Mar, punto desde el cual se coordinaban sus desplazamientos bajo vigilancia constante.
La Guardia Civil detalló que el grupo criminal ejercía control sobre las víctimas tanto de manera presencial como remota. “El grupo daba instrucciones precisas sobre los lugares de alojamiento y las actividades que debían realizar”, indica el reporte oficial recogido por la agencia EFE.
En algunas ocasiones, integrantes de la organización acompañaban directamente a las mujeres; en otras, las orientaban mediante teléfonos móviles. Además, la administración de los recursos económicos obtenidos por la red se centralizaba en su estructura interna.
El operativo incluyó registros en domicilios de los sospechosos en Almería. Según la agencia periodística, los agentes localizaron evidencia y material relevante para la investigación.
Los ocho detenidos están acusados de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal. Cuatro de ellos permanecen en prisión provisional, mientras avanzan las diligencias judiciales.
Desmantelan red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Europa y Medio Oriente, que operaba en Cali
Una red trasnacional dedicada a la trata de mujeres para explotación sexual fue desmantelada tras varias operaciones en Cali y otras ciudades.
La estructura, que operaba principalmente en el Valle del Cauca, reclutaba jóvenes con promesas de empleo en el extranjero y las trasladaba a países como Noruega y Baréin, donde eran sometidas a abusos y condiciones de explotación.
En el centro de la red se identificó a un ciudadano colombo-noruego, señalado como el líder y sobre quien pesa una orden de captura internacional.
Dos personas fueron capturadas en Colombia: Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa. Ambos enfrentan cargos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, y permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial.
Las investigaciones revelaron que Hernández Díaz contactaba a las víctimas y les exigía sesiones fotográficas en ropa interior como requisito para acceder a las supuestas ofertas laborales. Además, se encargaba de gestionar pasaportes, trámites consulares y documentos para el ingreso a Noruega.
Una vez en Oslo, las mujeres eran sometidas a intimidaciones y control violento, incluyendo amenazas con armas de fuego, con el objetivo de evitar denuncias y mantener el funcionamiento de la red.
La autoridad judicial informó que las víctimas eran obligadas a realizar actividades sexuales para cubrir gastos de manutención y hospedaje, lejos de las condiciones laborales prometidas.
De manera paralela, otra operación permitió la captura de dos ciudadanos venezolanos y un colombiano implicados en el traslado de mujeres a Medio Oriente bajo engaños.
El proceso judicial identificó a Keila Eddymar Strubinger Pelayo, Wluender Sneylbert Araque Rojas y Enrique Quijano Ramírez como responsables de reclutar a las víctimas, asumir gastos de viaje y retener documentos. Al llegar a Baréin, las mujeres sufrían amenazas y eran forzadas a ejercer la prostitución.
El juez ordenó prisión preventiva para los ciudadanos extranjeros y reclusión domiciliaria para Quijano Ramírez. El caso continúa en investigación para identificar a otros posibles implicados en la red.
La autoridad judicial solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier hecho relacionado con la trata de personas y reiteró el compromiso con la protección de los derechos humanos y la atención a las víctimas de este delito.