El Gobierno colombiano estudia un cobro adicional en la factura de energía eléctrica que recaudaría hasta 2 billones de pesos y afectaría a todos los estratos sociales.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Minas y Energía, busca cubrir las deudas acumuladas de empresas del sector energético intervenidas por el Estado, en particular Air-e.
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El proyecto de resolución, dado a conocer en los primeros días de 2026, plantea que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) recaude, de manera temporal, 8 pesos por kilovatio hora consumido en el Sistema Interconectado Nacional.
Este monto se incluiría como un cobro complementario dentro del componente de restricción de la tarifa de energía y tendría como destino el pago de las obligaciones financieras de compañías como Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena y cuenta con más de 1,3 millones de usuarios residenciales y empresariales.
Es preciso mencionar que, Air-e permanece bajo intervención administrativa del Gobierno desde septiembre de 2024, pero la medida no resolvió la crisis financiera de la compañía.
El profesor Germán Machado, de la Universidad de los Andes, explicó en entrevista con Noticias RCN que “la intervención no resolvió el problema estructural de la empresa”. El especialista advirtió que las decisiones oficiales, como el establecimiento de techos tarifarios para las comercializadoras, limitaron los ingresos de las empresas y agudizaron el déficit financiero que ahora se intenta solventar con este nuevo cargo.
El impacto del cobro adicional ya se puede estimar. De acuerdo con cifras oficiales, una familia de estrato 3 en Bogotá que consuma unos 150 kilovatios hora mensuales pasaría de pagar cerca de 100.000 pesos a 101.200 pesos, un incremento mensual de 1.200 pesos.
El recargo representa aproximadamente el 1% del valor de la tarifa y se aplicaría tanto a los hogares como al sector empresarial, que en algunos casos podría llegar a desembolsar hasta 40 millones de pesos mensuales por esta sobretasa, dependiendo del volumen de consumo energético.
La medida no distingue entre estratos y, según el proyecto, afectaría a todos los usuarios del sistema, aunque el Gobierno impulsa paralelamente un ajuste legislativo que busca elevar de manera específica las tarifas para los estratos 4, 5 y 6. Estos recursos adicionales servirían para cubrir deudas por subsidios acumulados de ejercicios anteriores.
Las proyecciones de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andec) señalan que con el aporte mensual de hogares y empresas, el recaudo alcanzaría los 60.000 millones de pesos. Al llevar esa cifra a una escala anual, el monto sumaría 720.000 millones de pesos. Bajo ese ritmo, el cobro debería mantenerse durante casi tres años para cubrir la deuda total estimada en 2 billones de pesos.
La entrada en vigor de este cobro adicional aún depende de la aprobación definitiva del proyecto de resolución. El Gobierno nacional aclaró que el texto se encuentra en etapa de consulta y no está en firme, aunque de aprobarse, el impacto en las facturas de energía se reflejaría durante varios años.
En paralelo, un nuevo esquema de subsidios energéticos fue oficializado recientemente mediante el Decreto 943 de 2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Este régimen redefine el acceso a la asistencia estatal en los servicios energéticos residenciales, unifica criterios en todo el país y asigna los beneficios con base en los ingresos y la situación socioeconómica de cada hogar. Desde ser así, los hogares colombianos comenzarán a notar cambios en la asignación de subsidios y en los montos de las tarifas, de acuerdo con las nuevas disposiciones del SEF.