El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, solicitó a las autoridades investigar las declaraciones de Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido, advirtiendo que, si se configuran como delitos, podrían constituir atentados contra la integridad nacional e instigación a la guerra.
La petición fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que detalló los motivos de su solicitud y expuso la preocupación institucional frente a mensajes que, según su argumentación, pueden dividir a la sociedad colombiana y afectar los principios democráticos.
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En su intervención, Gabriel Rondón explicó que, en cumplimiento de sus funciones como servidor público y conforme a los códigos general disciplinario y de procedimiento penal, ofició a los entes competentes para que analicen las declaraciones de Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido.
El funcionario recalcó la gravedad de los hechos al señalar: “He oficiado los entes competentes para que investiguen las declaraciones de las personas Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido. Si estas se constituyen en delitos, especialmente en el menoscabo a la integridad nacional, instigación a la guerra.”
Durante el video, Rondón insistió en que no resulta admisible que personajes públicos promuevan divisiones o discursos que soliciten la intervención de actores extranjeros en asuntos internos del país. El viceministro subrayó: “No podemos seguir dividiendo el país y mucho menos pedirle a un foráneo que se lleva al presidente o que invada a Colombia. Así no se construye la democracia, así no construimos paz.”
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El funcionario recordó que los servidores públicos tienen la obligación de alertar a las autoridades sobre hechos que pudieran tener relevancia penal o disciplinaria. Señaló que su actuación busca que los organismos competentes determinen si las expresiones y publicaciones realizadas por los mencionados pueden encuadrarse en delitos previstos en la legislación penal colombiana.
Rondón reiteró en su mensaje la importancia de mantener el debate público dentro de los parámetros del respeto al orden constitucional y la ley, y remarcó que la división social y los llamados a la intervención extranjera pueden afectar el propósito de la democracia y la paz.
“Así no se construye la democracia, así no construimos paz”, insistió el viceministro, e hizo un llamado a la responsabilidad de quienes tienen visibilidad pública y capacidad de influir en la opinión y el clima social en Colombia.
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Otras denuncias en el ámbito judicial
A la petición del viceministro se suman otras acciones legales recientes con el mismo trasfondo. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal por, presuntamente, incentivar una intervención militar extranjera.
El funcionario explicó: “La autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”.
En la denuncia, Idárraga sostuvo que las manifestaciones atribuidas a los congresistas contravienen la obligación constitucional de proteger la soberanía y el marco jurídico colombiano al incluir exhortaciones susceptibles de calificarse como llamados a invasiones. “Incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”, puntualizó el ministro.
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El escrito remitido a la Corte Suprema advierte que la instigación a la guerra y la promoción de acciones hostiles están tipificadas en el Código Penal. Estas figuras sancionan severamente a quienes realicen actos orientados a someter al país a un dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional.
Transparencia y seguimiento al proceso judicial
En otra acción, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también radicó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo por hechos similares. El ministro divulgó el documento completo para dar transparencia al proceso y permitir a la ciudadanía conocer el alcance real de la denuncia.
El escrito detalla que los hechos podrían configurar los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, en el marco de publicaciones realizadas en el contexto de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
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Antonio Sanguino recalcó que la libertad de expresión no ampara la traición a la patria, especialmente cuando se trata de manifestaciones susceptibles de interpretarse como incentivos a la intervención extranjera o a la desestabilización institucional.
El proceso judicial queda ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, que deberá valorar la pertinencia de abrir una investigación formal sobre las declaraciones y publicaciones cuestionadas. Hasta el momento, no se han conocido respuestas públicas por parte de los mencionados en las denuncias.