El debate sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 volvió a tomar fuerza tras un cruce de pronunciamientos entre el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La discusión se centra en la suficiencia de los recursos asignados para financiar el aseguramiento en salud y en las responsabilidades sobre el uso y administración de estos dineros dentro del sistema.
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, se pronunció a través de su cuenta de X luego de que el Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, emitiera un comunicado oficial en el que defendió el incremento definido para la UPC de 2026 y rechazó las críticas sobre una supuesta desfinanciación del sistema.
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Su mensaje se produjo tras la divulgación de un comunicado en el que la cartera sostuvo que el incremento definido para el próximo año “es suficiente, técnicamente sustentado y cumple con las órdenes de la Corte Constitucional”. Según el ministerio, la decisión se tomó con base en “una metodología rigurosa, información oficial disponible y espacios de participación con los actores del sistema”, y rechazó que exista una insuficiencia en los recursos asignados. En el comunicado se indicó que las críticas buscan desviar la atención de problemas estructurales asociados al manejo de la información y los recursos por parte de las EPS.
Ante este pronunciamiento del Gobierno, la presidenta de Acemi cuestionó de manera directa el sustento técnico de las decisiones adoptadas. “Se empeña el Ministerio de Salud en justificar el exiguo aumento de la UPC en el RC para 2026. Insisten en su suficiencia sin poder explicar por qué, después de dos años de administrar las EPS intervenidas, nada mejora para los usuarios”, escribió la dirigente gremial. En el mismo mensaje agregó: “Anti técnicos han sido los informes de Adres, anti técnicas las llamadas mesas de UPC. Desfinanciar el sistema ha sido el objetivo”.
La presidenta de Acemi también señaló que, según su posición, persisten deudas al cierre de 2025. “Tampoco dicen que termina el 2025 con deuda con las EPS sobre Presupuestos máximos, nuevamente desacatando a la Corte. Y obviamente quienes lo controvertimos somos los que mentimos. Así es que funciona”, afirmó en su publicación.
Cifras oficiales y metodología de la UPC
En el comunicado, el Ministerio de Salud también hizo énfasis en las cifras presupuestales del sector. Señaló que entre 2022 y 2026 el presupuesto de salud creció 51,4% en términos reales, lo que equivale a 25 billones de pesos adicionales y a 1,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), calculados a precios constantes de 2025. En ese mismo periodo, indicó que la UPC aumentó 30,4% en términos reales, representando 22,9 billones de pesos adicionales y 1,3 puntos del PIB.
La cartera explicó que la metodología para definir la UPC “no es discrecional ni improvisada”, ya que se basa en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales, así como en análisis actuariales tradicionales, entre ellos estudios de tendencias, correcciones por faltantes de exposición y otros ajustes técnicos exigidos por la Corte Constitucional.
El ministerio agregó que cuestionar dicha metodología implica desconocer que fue a partir de esos análisis que se identificaron inconsistencias en el manejo de los recursos. Asimismo, destacó una decisión que calificó como estructural: la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del régimen contributivo, mediante resolución, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. Según el comunicado, esta medida reduce la brecha entre regímenes al nivel más bajo registrado.
Uso de recursos y responsabilidades
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento oficial fue la distinción entre el giro de recursos y la definición de la UPC. El Ministerio señaló que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es la encargada de realizar los giros, mientras que la definición de la UPC corresponde a la cartera de Salud en ejercicio de la rectoría del sistema.
En este contexto, el comunicado sostuvo que en 2026 la Adres transferirá más de $101 billones, por lo que, según el, ministerio, insistir en que el problema es el monto de los giros “es una forma de evadir responsabilidades”. También rechazó que el aumento del salario mínimo sea el único parámetro para calcular la UPC, al considerar que este enfoque desconoce la naturaleza del riesgo asegurado y los costos asociados a la intermediación y a la administración de las EPS.
Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que los recursos de la salud son públicos y que deben ser administrados con transparencia y responsabilidad, insistiendo en que el debate no debe centrarse únicamente en la solicitud de más recursos, sino también en la rendición de cuentas sobre su uso.