El posible aumento del pasaje de TransMilenio en Bogotá hasta $3.550 generó un intenso debate en torno a las causas y la justificación de este ajuste tarifario. Representantes de la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional se pronunciaron al respecto, dando a conocer su perspectiva sobre la situación.
Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, explicó a través de su cuenta de X que si bien inicialmente se proyectó un ajuste del 7,8% en el costo del transporte basado en un aumento del salario mínimo del 11% –advertido en su momento por el ministro del Interior, Armando Benedetti–, el escenario cambió con la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario en 23%.
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Esto, según precisó, llevó a ajustar la tarifa en un 12,5%“Se propone un aumento del 10,9%. El 1,6% ($50) restante lo buscaremos mediante ingresos no tarifarios”, precisó el funcionario.
El primer mandatario reaccionó a las declaraciones del secretario y cuestionó la relación entre el salario mínimo y el precio del transporte, indicando que hay otras razones que sustentan el posible aumento de la tarifa.
“No es cierto, señor Miguel Silva. La tarifa de transporte aumenta, sobre todo, por combustibles y llantas, y reparaciones del vehículo si es viejo”, explicó, asegurando que el alza también obedece al hecho de que se coloca el pago del capital descargado en los usuarios, pese a que ya se pagaron las obligaciones existentes. “Es una estafa”, señaló.
Aunado a ello, indicó que las oficinas de transporte, tanto locales como nacionales, no tendrían necesidad de incrementar los pasajes con base en el salario mínimo. Esto, teniendo en cuenta que en muchas regiones, el propietario y conductor del bus suelen ser la misma persona. “En otros, en las grandes ciudades donde se concentró la propiedad del transporte público, solo hay que pasarlo a sistemas eléctricos y liberarse del diésel”, detalló el jefe de Estado.
Afirmó que el costo operacional de los tranvías resulta más bajo que el de los buses y señaló que “ningún alcalde adaptó esta figura”.
El presidente recordó también que el Gobierno nacional ha estado subsidiando el diésel durante tres años. En ese sentido, consideró ilógico que, después de esta política, las empresas de transporte trasladen “abusivamente” el costo laboral a los usuarios.
En su mensaje, Petro reiteró que si el alcalde de Bogotá observa el impacto favorable de la electrificación junto con el retiro del costo de capital fijo de la tarifa, podría deducir que resulta innecesario aumentar el precio del pasaje. Desde su perspectiva, el enfoque a mediano plazo debería orientarse a reducir o eliminar el costo para el usuario. A su juicio, Bogotá “debe llegar al transporte gratuito” financiado con fuentes ajenas al usuario final, desplazando así la carga tarifaria.
En una publicación anterior, el primer mandatario indicó que el Gobierno puede poner a disposición de Bogotá “un billón y medio para la compra de una flota eléctrica”, con el fin de que se reduzcan los costos del transporte por pasajeros. “La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit”, precisó.
Indicó, además, que el alza del salario de los conductores de los buses no tiene efectos en la tarifa técnica del servicio prestado a los usuarios. Por eso, insistió en la adquisición de una flota que no requiera de hidrocarburos.
“Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces”, aclaró.