El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de siete peajes en la costa atlántica tras concretarse la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, un corredor vial estratégico que conecta a Cartagena con Barranquilla y atraviesa los departamentos de Atlántico y Bolívar.
La decisión, celebrada por sectores sociales y transportadores, pone fin a un esquema de cobro proyectado para mantenerse vigente durante los próximos 35 años y que había sido objeto de protestas recurrentes por su impacto económico sobre las comunidades locales.
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“Liberamos de siete peajes el Caribe. Así lo haremos con la zona cafetera”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Los peajes que se eliminarán son: Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca.
Desde el Gobierno se subrayó que la eliminación de estos puntos de cobro busca reducir los costos de movilidad, aliviar la carga financiera de los usuarios frecuentes y estimular la economía regional.
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El anuncio se materializa mediante la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor Cartagena–Barranquilla, operado por la firma Autopistas del Caribe S.A.S.
Según la información del medio El Heraldo, el proceso de reversión comenzará el 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta junio del mismo año. A partir de ese momento, la administración, operación y mantenimiento de la vía pasarán a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), bajo un esquema de gestión pública directa.
La supresión de los siete peajes representa el eje central de esta decisión. Estas estaciones de cobro, previstas para financiar la concesión durante más de tres décadas, se convirtieron en uno de los principales focos de inconformidad social en la región.
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Habitantes, comerciantes y transportadores denunciaron durante años que el esquema tarifario encarecía los desplazamientos diarios y afectaba la competitividad de los municipios cercanos al corredor vial, de acuerdo con el medio Rtvc.
El camino hacia la eliminación de los peajes estuvo marcado por una compleja negociación entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria. En mayo de 2024, Autopistas del Caribe solicitó la terminación anticipada del contrato ante un Tribunal de Comercio Internacional, alegando la inviabilidad financiera del proyecto.
Entre los argumentos expuestos se incluyeron las protestas sociales sostenidas contra los peajes, la disminución del recaudo y la imposibilidad de instalar nuevas estaciones previstas en sectores como Arroyo Grande, en el municipio de Luruaco.
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En su reclamación inicial, la concesionaria solicitó el reconocimiento de perjuicios por más de 1,29 billones de pesos. No obstante, el acuerdo alcanzado permitió reducir de manera significativa esa cifra y evitar un litigio prolongado que, según la ANI, habría podido extenderse hasta 2027 y derivar en una condena de mayor cuantía.
Los pagos pactados se realizarán con recursos del Patrimonio Autónomo del proyecto y no comprometerán el Presupuesto General de la Nación.
Mientras avanza el proceso de reversión, se estableció un período de transición de 200 días durante el cual Autopistas del Caribe continuará operando la vía y administrando los peajes actualmente en funcionamiento en Turbaco, Sabanagrande y Galapa. Esta etapa busca garantizar la continuidad del servicio vial hasta la entrega formal de la infraestructura al Estado.
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La ANI explicó que el bajo recaudo en las estaciones de cobro y los incumplimientos en la instalación de nuevos peajes, asociados a bloqueos y manifestaciones ciudadanas, fueron determinantes para la resolución anticipada del contrato.
Desde la concesionaria, estos hechos fueron calificados como un “Evento Eximente de Responsabilidad”, al considerar que escapaban a su control y afectaban directamente la sostenibilidad financiera del proyecto.
Durante su operación desde 2021, Autopistas del Caribe reportó la ejecución de trabajos de mantenimiento y conservación de la vía, así como programas sociales en municipios de Atlántico y Bolívar. Sin embargo, el debate público se concentró principalmente en el impacto de los peajes sobre la economía regional, un factor que terminó inclinando la balanza a favor de su eliminación.
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En su demanda, Autopistas del Caribe reclamaba el reconocimiento de perjuicios por más de 1,29 billones de pesos.
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